antuvo un silencio políticamente correcto a lo largo del sexenio calderonista, no obstante el desbarajuste de la actual administración pública, pero ahora que están por arrancar formalmente las campañas por la silla grande, el Consejo Coordinador Empresarial –pieza fundamental en el arribo del michoacano a Los Pinos– consideró oportuno hacer públicas sus propuestas para un programa de gobierno (el que viene, desde luego), las cuales no difieren mucho, por no decir en nada, de las divulgadas en coyunturas electorales anteriores y que en pocas palabras se resumen en la frase que el organismo privado hizo famosa en 2006, es decir, apostarle a algo distinto implicaría retroceso.

En los hechos, apostarle a lo mismo, al mismo modelito económico, ha sido elemento fundamental para que el país retroceda cada vez más, sexenio tras sexenio, y se encuentre al borde del abismo. El resultado económico de las últimas cuatro administraciones (no se incluyen los números reportados por Miguel de la Madrid, por ser verdaderamente un desastre, sin que los subsecuentes sean una maravilla) da cuenta de ello: con Carlos Salinas de Gortari, la tasa anual promedio de crecimiento (cifras oficiales del Inegi) fue de 3.9 por ciento, muy lejos del 6 por ciento sostenido que requiere el país para comenzar a salir del hoyo; con Ernesto Zedillo tal proporción se redujo a 3.5 por ciento; cayó aún más con Vicente Fox, al alcanzar, a duras penas, 2.3 por ciento, y con Felipe Calderón en Los Pinos de milagro alcanzará 1.8 por ciento.

Lo anterior da cuenta de que la tesis del Consejo Coordinador Empresarial (apostarle a algo distinto implicaría retroceso) es una falacia, toda vez que a estas alturas México reporta un crecimiento económico 54 por ciento menor al de hace 24 años, y 73 por ciento inferior con respecto al registrado tres décadas atrás, cuando impusieron el modelo económico que actualmente echa chispas por doquier y que nunca dio resultados para la población. Opinión distinta, desde luego, tendrán los barones Forbes y uno que otro político, para quienes dicho modelito ha sido una verdadera fábrica de hacer dinero, a costillas de todos los demás.

Pues bien, ese mismo Consejo Coordinador Empresarial, al que cualquier cambio le da terror, de nueva cuenta presenta sus propuestas para un programa de gobierno (versión campaña electoral 2012), por medio de las cuales insiste –palabras más, palabras menos– en aquello de abstenerse de mover un milímetro el estado de cosas, salvo que sea en su beneficio, es decir, lo mismo que propuso en las campañas electorales de 2006, 2000, 1994 y 1988, cuando menos, siempre con el pretexto de que sólo así México saldría adelante, la economía se reactivaría y los mexicanos serían felices cuan holgados clasemedieros del primer mundo.

Algo falló, puesto que en el transcurso de esas tres décadas el crecimiento económico del país ha pasado de malo a pésimo y lejos de ser global, como se supone era la pretensión, depende cada día más de las decisiones y acontecimientos de un solo país –el vecino del norte–, la realidad social de mala a desastrosa, y más de 65 por ciento de los mexicanos ni lejanamente pueden ser considerados clasemedieros dado su ínfimo ingreso y sus precarios empleos, cuando los tienen. Pero el Consejo Coordinador Empresarial es de ideas fijas, y al siguiente gobierno propone que siga exactamente la misma ruta, porque de cambios nada, absolutamente nada, salvo que la referencia sea a la privatización energética y la aprobación de lo que, junto a Calderón, llama reformas laboral y hacendaria. Esas modificaciones sí; otras no, porque sería retroceso.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, con tales cambios el producto interno bruto crecería entre 2 y 3 por ciento. Sin embargo, dentro de sus propuestas aparecen la reducción de la carga fiscal (el erario captaría todavía menos que ahora), la liberación a la hora de contratar trabajadores (por hora, sin prestaciones de ley, sin contrato, etcétera, etcétera, con lo que su ingreso sería inferior al actual –de por sí miserable– y, por lo mismo, tendrían menor poder adquisitivo, de tal suerte que contribuirían en menor medida a la reactivación del mercado interno) y la privatización del sector energético (concretamente el petrolero, pilar indiscutible de las finanzas públicas). Entonces nadie sabe cómo crecería el PIB en la proporción señalada si las reformas lograrían el efecto contrario.

El organismo empresarial detalló el alcance de las reformas propuestas: en la hacendaria se requiere un sistema tributario sencillo con un impuesto directo único, revisión de programas y subsidios regresivos, reforma integral del gasto público con asignación eficiente y transparente de los recursos y precios y tarifas públicas que promuevan la competitividad; en la laboral, flexibilidad contractual en términos de horarios, esquemas de empleo temporal y periodos de prueba y justicia laboral profesional y expedita, que dé certidumbre jurídica a trabajadores y empleadores; y en la energética, apertura a la inversión privada, dirigir la renta petrolera a la inversión, generar competencia y redirigir la política energética a áreas de oportunidad como gas natural.

Tales reformas, según el CCE, reducirían la pobreza, mejorarían la distribución del ingreso, fortalecerían el salario real, incrementarían los niveles de consumo, mejorarían los niveles de vida (se supone que de todos los mexicanos), propiciarían una mayor generación de empleos y aseguraría un mejor entorno de negocios. Pues bien, los gobiernos neoliberales llevan tres décadas reformando al país, y allí están los resultados. Nunca como ahora el país es tan cerca del precipicio, pero parece que el Consejo Coordinador Empresarial quiere dar el último empujoncito, toda vez que apostarle a algo distinto implicaría retroceso, según pregona.

Las rebanadas del pastel

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México, Salomón Presburger Slovik, resultó algo más realista que el CCE, pues cuando menos reconoce que en México hay una bomba de tiempo que se está generando en el sector de la informalidad, debido a que 30 millones de personas no tienen acceso a prestaciones médicas de calidad ni garantías de pensiones que les permitan tener ingresos a su retiro. Si somos optimistas, la población con empleo formal, incluyendo la que está dentro de la administración pública, suma 20 millones de personas, por lo que nos quedan 30 millones en la informalidad y se está acumulando un problema serio. Mejor tarde que nunca.

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