La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que se cumplirá escrupulosamente con la cuota de género para senadurías y diputaciones federales y locales, pero dijo que dependerá de un estudio jurídico con el cual se responderá al Instituto Federal Electoral (IFE).

En conferencia de prensa el vocero del tricolor, Eduardo Sánchez, sostuvo que su partido ajustará su conducta a lo que exige la ley, y acatará la reforma de sus candidatos a diputados para evitar la postulación de las denominadas juanitas.

Sin embargo, al concluir la conferencia, un grupo de mujeres militantes priístas denunció que se maniobró para no concederles el registro, por lo que enviaron una carta al dirigente nacional, Pedro Joaquín Coldwell, en la cual resaltan que las mujeres no están involucradas en problemas de corrupción e ilegalidad, y que jamás ofenderían a un hombre.

Lo anterior, en referencia al diputado federal Alejandro Moreno Merino, a quien el partido retiró la candidatura al Senado por Morelos luego de que hace dos semanas afirmó que no hay mujer bonita que no llegue a ser meretriz.

Nayelly Gutiérrez, ex candidata a la jefatura delegacional en Benito Juárez y aspirante a legisladora por el distrito electoral federal 11, refirió que la estrategia para rechazar el registro de mujeres consistió en negarles las firmas de apoyo de sectores y organizaciones.

María Eugenia Alva Álvarez, aspirante a la candidatura por el distrito local 21, con sede en Cuajimalpa, consideró no válido el argumento de la dirigencia nacional de que también deben preservarse los derechos de los priístas varones.

Nunca hemos estado en contra de eso, sino en favor de la equidad, y que se respete la cuota de género, declaró.

Por otra parte, Eduardo Sánchez demandó que se investigue si la presunta corrupción en el mantenimiento de aeronaves federales que pertenecen a la Presidencia, la Fuerza Aérea, la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal ha sido la causa de los accidentes.

El ex diputado priísta hizo un recuento de que en el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 23 percances aéreos, en los cuales han muerto 95 funcionarios públicos, entre ellos los secretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, así como soldados, marinos, agentes y policías federales. Agregó que también resultaron heridas 40 personas.

En el dictamen público sobre la muerte del secretario de Camilo Mouriño, claramente las conclusiones de este informe establecieron que la corrupción podría ser una de las causas del accidente. Que hubo errores humanos, y uno de éstos fue que los pilotos habían obtenido, por alguna razón oscura,  constancias de capacitación que finalmente no habían tenido, expuso.