Especialistas en seguridad e integrantes de la sociedad coincidieron en afirmar que el modelo de justicia que aplica el Estado mexicano ha sido un fracaso, pues la impunidad es el denominador común que impera en todo el territorio nacional.

En conferencia de prensa, los expertos y activistas presentaron el documento Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional.

Alejandro Martí, presidente de la fundación México SOS; Edna Jaime, presidenta de la organización civil México Evalúa; Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas); Héctor Larios, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano; Ernesto López Portillo, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi), y el activista Julián Le Barón señalaron en que el sistema de procuración e impartición de justicia ha sido incapaz de administrarla y proveerla.

Azaola indicó que en México “se ha sostenido un sistema incapaz de administrar y proveer justicia. El Estado mexicano, cuya elemental razón de ser es la justicia y la provisión de las condiciones de seguridad, está fracasando en su tarea; no vemos a los actores relevantes avanzar en reformas o cambios necesarios, hemos concluido que los involucrados, por parte de las autoridades no se sienten responsables.

Añadió que “la tendencia es mantener un status quo y el nuestro es de una profunda debilidad institucional que podemos ver en los resultados de la política criminal”.

Martí presentó los indicadores estadísticos del informe sobre la seguridad en las entidades del país, y entre esos datos destacan que dos de cada 10 homicidios dolosos se esclarecen y sancionan, y sólo 12 por ciento de las condenas que se dictan en el país corresponden a delitos graves como violación, homicidio, robo o violencia.

Martí y Azaola indicaron que es en las agencias del Ministerio Público y no en los juzgados donde los delincuentes encuentran vacíos de ley, que les permiten evitar la cárcel.

Prueba de ello, dijeron, es que las procuradurías resuelven menos de dos de cada 10 denuncias interpuestas, y cumplen menos de tres de las órdenes de aprehensión, sumado a que las entidades dedican más de 60 por ciento de sus recursos en sancionar delitos menores.

Guillermo Zepeda Lecuona, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, sostuvo que poco menos de 13 por ciento se denuncia a las autoridades y con ese porcentaje basta para tener casi colapsado al sistema de procuración de justicia. Tiene que ver mucho con el modelo de gestión, seguimos como hace tres siglos, haciendo los expedientes por quintuplicado, entonces cuando uno como víctima está denunciando el delito, tanto uno como el actuario estamos perdiendo el tiempo.