El 18 de abril de 2011, el joven Jorge Otilio Cantú fue muerto por militares que cumplían labores de seguridad pública en Monterrey, por un conflicto de competencia. Hasta la fecha no se ha determinado si el proceso penal contra los soldados debe ser llevado en el fuero castrense o en el fuero común. Los presuntos culpables no han sido juzgados.

Ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocieron una consulta que envió la CNDH para que interviniera en este asunto, en razón de que un tribunal federal había determinado –días antes de que la Corte fijara criterios sobre el caso Rosendo Radilla, de que los militares que violen los derechos de civiles sean juzgados por el fuero común y no por el de guerra– que el asunto lo resolviera un tribunal militar.

El tribunal consideró que aunque los soldados estaban comisionados con la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, dependían administrativa y disciplinariamente de la cuarta Región Militar

Los ministros se enfrascaron en una discusión sobre la procedencia de la consulta, y varios señalaron que se desechara la solicitud, pues la CNDH no tiene facultades para hacer semejantes peticiones, así como que si el caso llegaba a la Corte por otra vía legal, entonces los ministros estarían en condiciones de tomar cartas en el asunto; es decir, dentro de unos meses o años.

Algunos plantearon que el caso se turnara a un ministro para que elaborara un proyecto en el que se pronunciara sobre la consulta de la CNDH. Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Morales, Sergio Aguirre Franco y Jorge Pardo se manifestaron tajantemente en contra de que la Corte admitiera siquiera la petición de la CNDH, en razón de que no está legitimada para ello.

La Corte ahorita no tiene por qué pronunciarse; lo que procede es desechar la consulta de la CNDH y esperar que el asunto continúe; más adelante veremos si no tendrá que intervenir la Corte..., dijo Luna.

Mientras el pleno se pone de acuerdo –mañana continúa la discusión del asunto–, el proceso penal contra los acusados sigue detenido.