La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) debe considerar en su plan de trabajo la creación de un grupo especial que fiscalice los recursos que ingresan a las campañas políticas, para evitar el uso de dinero de grupos criminales, señaló José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuevo León.

En entrevista telefónica, el catedrático señaló que “este grupo especial debe estar integrado con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el Instituto Federal Electoral, con el propósito de evitar que se elija a personas que tengan vínculos con el crimen organizado, como ocurrió en el caso de Julio César Godoy Toscano, quien fue investigado e identificado por la PGR como integrante del cártel La Familia Michoacana.

Prado Maillard señaló que México se encuentra en un estado de vulnerabilidad por las acciones del crimen organizado, y que el temor que han provocado en la sociedad en diversas zonas del territorio nacional propicia que también controlen los procesos ciudadanos de elección de candidatos o aspirantes a cargos de elección popular y, por consiguiente, puede presentarse el ingreso o utilización de dinero ilícito a las campañas políticas.

Según el especialista, “los grupos criminales comenzarán a ejercer presión sobre candidatos de distintos niveles en busca de controlar las estructuras gubernamentales que les permitan mantener sus rutas de operación o, cuando menos, tener información de los movimientos policiacos y militares que podrían impactar sus operaciones.

Ante esa embestida, es necesario crear un grupo multidisciplinario que vigile los recursos de las campañas políticas y que el dinero de los grupos criminales no se utilice electoralmente, ya que este tipo de financiamiento representa un modo de lavar dinero y garantizar su supervivencia, como ocurrió en algún momento en Colombia.