Chilpancingo, Gro., 28 de marzo. Dirigentes de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa consideraron un triunfo del movimiento estudiantil y social de la entidad el dictamen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió sobre la represión contra alumnos de ese plantel, durante el desalojo policiaco del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en el que dos estudiantes fueron ultimados.

Fijaron de plazo hasta el final del periodo vacacional de Semana Santa para que el gobierno de Guerrero cumpla con dichas recomendaciones. Exigieron que se sancione a funcionarios del gobierno estatal, entre ellos la secretaria de Educación, Silvia Romero, y el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado.

Al respecto, Silvia Romero se dijo respetuosa de la recomendación de la CNDH en la que se le señala de ser omisa en lo relativo a atención a las demandas de los normalistas, pero señaló que el documento fue realizado por personas que no viven en Guerrero y desconocen el contexto social en que ocurrieron los hechos.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la nueva dirigencia estudiantil –cambia cada año–, encabezada por Diego Castro Domínguez, Juan José Reyes y José Carlos Rodríguez, fijó la postura de la base:

El informe de la CNDH nos da la razón, porque la del 12 de diciembre pasado fue una manifestación en defensa de la educación pública, nos orillaron a la movilización, manifestó Reyes.

Los autores del homicidio de nuestros compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino no han caído, sólo gente de bajo perfil, como (el ex procurador de Justicia) Alberto López y Ramón Almonte (ex secretario de Seguridad Pública), subrayó. Y agregó: “no queremos que pase lo de (las masacres) de Aguas Blancas y de El Charco, donde nadie de los responsables está en la cárcel.

Ángel Aguirre criminalizó la protesta social; por eso la CNDH lo responsabilizó: evidentemente hubo negligencia porque la manifestación fue legal, actuamos en defensa del normalismo rural, como lo hicieron recientemente los compañeros de Tiripetío, Michoacán, sostuvo.

Pablo Juárez, ex miembro de la dirigencia estudiantil, puntualizó: no está resuelto el conflicto, hasta que no se castigue a los responsables. Sin duda el gobernador y la secretaria de Educación asumieron una actitud intransigente y negligente al no atender y resolver las demandas, lo que trajo consigo un crimen extrajudicial.

Por separado, Romero Suárez, en entrevista en la explanada del zócalo de Chilpancingo, afirmó que la CNDH no le requirió que se presentara a declarar; sin embargo, rindió un informe por escrito, mismo que está soportado en evidencia fotográfica y video.

Aseveró que la dependencia a su cargo nunca negó audiencia a los normalistas y que en la medida de las posibilidades presupuestales del gobierno estatal ha atendido sus peticiones.

Incluso, afirmó que en los meses recientes la administración de Aguirre Rivero asignó 110 plazas docentes para egresados de esa institución educativa y que sólo 39 egresados se encuentran desempleados.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideró que el dictamen de la CNDH confirmó la legitimidad de la lucha de los normalistas y la veracidad de las denuncias. No obstante, el conflicto no está resuelto, subrayó.

Reconoció que es la primera recomendación de esta naturaleza que emite la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional estamos ante un hecho de trascendencia histórica.