El pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) definirá en las próximas semanas la situación legal y representativa de Elba Esther Gordillo Morales al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que en este momento no representa a nadie, advirtió Artemio Ortiz, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional democrático del gremio magisterial.

Luego de que el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, confirmó que la dependencia a su cargo analiza posibles sanciones contra los maestros que no participen en la denominada evaluación universal, el dirigente disidente recomendó al funcionario abstenerse de cualquier medida desesperada o acuerdo con la cúpula elbista, pues la autoridad competente no ha definido si tiene la representación de más de 1.2 millones de docentes.

Agregó que será hasta después del 15 de abril cuando el pleno del TFCA establezca cuál es la condición legal que enfrenta Gordillo Morales, por lo que consideró que la SEP cae en la misma ilegalidad en la que ella se encuentra al entregarle materiales y guías de estudio de una evaluación acordada con quien no tiene ninguna representatividad legal.

Francisco Bravo, secretario general del magisterio disidente de la sección 9 del SNTE, afirmó que la decisión de Córdova Villalobos de amagar a los docentes que rechazan la evaluación universal es una estrategia desesperada ante el creciente rechazo de los maestros a este tipo de mecanismos sancionatorios, pues reiteró que los profesores nunca nos hemos negado a ser evaluado, pero la SEP se niega a escuchar nuestra demanda para ser incluidos en la construcción de un mecanismo de evaluación integral y no amañado, como el que se pretende aplicar.

Agregó que ante la cerrazón de las autoridades educativas, el magisterio disidente convocará a una consulta a los docentes para definir si en mayo realizarán un paro nacional de labores indefinido en contra de la evaluación universal y de la Alianza por la Calidad de la Educación.