Ante al incremento de casos de abuso en los cobros de luz por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cortes arbitrarios del servicio y las acciones de intimidación, represión y encarcelamiento que se lleva a cabo contra los usuarios, integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica marcharon ayer a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde realizaron un plantón, hasta que fueron recibidos.

En la marcha que partió del Ángel de la Independencia también participaron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el contingente caminó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma por lo cual colapsaron la vía, así como Insurgentes y las glorietas de la Palma y la Diana.

Los representantes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa, donde informaron que prácticamente 6 millones de usuarios no están pagando la luz; que las quejas presentadas contra la CFE por los excesivos cobros rebasan las 70 mil, y que hay inumerables procesos penales de dirigentes de los usuarios y los propios consumidores.

Luego del plantón y tras ser recibida una comisión por el director de la Unidad de Gobierno de la dependencia, Carlos Armando Reynoso Nuño, estas organizaciones y autoridades lograron una serie de acuerdos, la mayoría en relación con sus denuncias de los procesos legales interpuestos dos contra los dirigentes de estas organizaciones, así como de usuarios.

De esta forma, el primer acuerdo es la conformación de un grupo de trabajo para el análisis jurídico, revisión y seguimiento de las causas penales y averiguaciones previas, así como una relación actualizada de los casos de persecución judicial de dirigentes del movimiento, la cual será presentada por Nataniel Hernández. Incluso la Secretaría se comprometió a convocar a la Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de esta dependencia para analizar este tema.

Ambas partes acordaron revisar los casos de los defensores y activistas amenazados de muerte para definir las medidas de protección necesarias; que las movilizaciones se realicen en un marco de respeto al orden jurídico y a los derechos de terceros, evitando con ello la judicialización de las mismas; y que la Secretaría buscará generar un mecanismo mediante el cual puedan analizarse aquellos proyectos específicos que desarrollo la CFE.

Representantes de usuarios del estado de México, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y otros, entregaron a las autoridades un pronunciamiento en el que piden una tarifa social justa, que la Cámara de Diputados fije el costo del costo de la energía; libertad de los presos políticos del SME y reinstalación de los trabajadores no liquidados; que se eleve a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica; y borrón y cuenta nueva para los usuarios en resistencia, entre otros.