La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal detectó que de 115 programas sociales operados por las 16 delegaciones políticas, en la mitad existen todo tipo de irregularidades, como tener los expedientes incompletos, padrones de beneficiarios inexistentes, apoyo a personas que no cumplen con los requisitos y ayudas duplicadas.

De acuerdo con el informe anual de labores que entregó el titular de la Contraloría, Ricardo García Sainz, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), previo a su comparecencia ante el pleno, se identificaron 17 deficiencias en dichos programas, por lo que ya se emitieron las recomendaciones para que se garantice los beneficios a la población objetivo.

En la mayoría de los casos, consigna el documento, los expedientes están incompletos. A ello se suma el hecho de que las metas y objetivos no se cumplen, el padrón de beneficiados no es confiable, los apoyos son extemporáneos, no hay reglas de operación o no se publica la convocatoria.

En el desglose de la información, la Contraloría detalla que la delegación con el mayor número de programas revisados fue la Benito Juárez con once, seguida de Magdalena Contreras con 10, y Xochimilco y Milpa Alta con nueve cada una. En Coyoacán sólo se verificaron dos programas y en Azcapotzalco, tres.

Independientemente a los operados por la administración central del gobierno capitalino, las delegaciones tiene a su cargo diferentes programas sociales, entre los cuales se encuentran apoyos a la población vulnerable, adultos mayores, madres solteras, estudiantes y personas con discapacidad, entre otros.

En algunos casos, estos programas son muy focalizados como becas a madres solteras con hijos menores de doce meses de edad o ayudas a personas con alguna discapacidad visual. También existen algunos que complementan los beneficios del gobierno central como sucede en el caso de los uniformes escolares, en los que se otorgan zapatos, tenis o suéteres.

La Contraloría también informó que se realizaron 360 visitas de inspección en las diferentes delegaciones para verificar las obras comprometidas con el presupuesto participativo. La revisión que concluyó en diciembre del año pasado arrojó que en algunos contratos de adquisiciones u obras existían retrasos en los proyectos.