Buenos Aires, 30 de marzo. Los países de América Latina y el Caribe prevén aumentar la oferta de alimentos, erradicar el hambre en la región y coordinar la cooperación en Haití, el país más amenazado por la inseguridad alimentaria de la región.

Esas fueron algunas conclusiones de la 32 conferencia regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, que finalizó este viernes en Buenos Aires, la cual, por vez primera, tuvo participación plena de la sociedad civil en las deliberaciones.

La cita convocó desde el lunes 26 a representantes de 32 gobiernos, atraídos por los nuevos lineamientos de la FAO, que permiten mayor incidencia de las regiones en el diseño de sus proyectos.

Asimismo, más de 140 representantes de 75 organizaciones sociales debatieron sobre seguridad alimentaria en vísperas del encuentro, 35 de los cuales intervinieron en la reunión oficial en igualdad de condiciones con los delegados gubernamentales.

Uno de los participantes por la sociedad civil, el argentino Ángel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), dijo que propusieron debatir sobre soberanía alimentaria en lugar de seguridad alimentaria.

Para ellos fue un hito histórico que gobiernos de la región y de la FAO aceptaran discutir un concepto como el de soberanía alimentaria, que alude no sólo la seguridad de acceder al alimento, sino a quiénes y cómo lo producen.

Según destacó al cierre de la conferencia el brasileño José Graciano da Silva, director general de la FAO, en la cita se fijaron las prioridades regionales para los próximos años.

En ese sentido, uno de los compromisos primeros a cumplir fue el de apoyar el desarrollo a mediano y largo plazos de Haití, el Estado más pobre de la región, que necesita reconstruir su capacidad productiva, explicó.

Para Da Silva, los actuales proyectos aislados que lleva adelante cada país en Haití no hacen la diferencia, y exhortó a coordinar esos programas desde la FAO, junto con la participación de los demás países.

Agregó que los participantes también estuvieron de acuerdo en mantener activa la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (www.rlc.fao.org/es/iniciativa ), y recordó que es la primera zona del mundo que adopta ese compromiso con fecha.

Esa estrategia fue lanzada en Guatemala en 2005. Desde entonces se formaron frentes parlamentarios contra el hambre, y en ocho países se sancionaron leyes que reivindican la alimentación como derecho humano básico.

Esta iniciativa pertenece a los países y debe ser abrazada por gobiernos, parlamentarios, sector privado, sociedad civil y academia, porque la lucha contra el hambre no puede ser sólo un compromiso del gobierno, reclamó Da Silva.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, citados por Da Silva, indican que en la región hay 120 millones de personas que tienen garantizada la alimentación básica mediante diversos programas del Estado.

Principalmente se trata de planes de transferencia directa de ingresos y otros a través de los sistemas de seguridad social. No obstante, recordó que aún hay 53 millones de personas, que equivalen a 10 por ciento de la población de la región, padeciendo hambre y desnutrición.

Por ello, los delegados gubernamentales coincidieron en la necesidad de aumentar la oferta de alimentos y mejorar su acceso y distribución. Luego concluyeron que la agricultura familiar puede ser parte de la solución a esos problemas.

Da Silva expuso además sobre la urgencia de hacer converger la agenda de la agricultura y la alimentación con la del cambio climático, y alertó sobre la mayor frecuencia de eventos extremos por esta causa que afectan severamente a la región.

Huracanes en el Caribe, sequía en América central y una sucesión alternada de sequías e inundaciones en América del Sur constituyen desafíos que habrá que gestionar, puntualizó. No podemos evitar la sequía, pero sí la hambruna, subrayó.

El director de la FAO reclamó además mayor eficiencia en la producción de alimentos, sobre todo en el uso pesticidas, fertilizantes y el agua, recurso este último cuyo manejo sigue siendo inadecuado si se tiene en cuenta que aún se necesitan mil 500 litros para producir un kilogramo de cereal y 10 veces esa cantidad para uno de carne.

Según informó esta agencia de Naciones Unidas a los delegados, en la región hay 576 millones de hectáreas cultivables, que corresponden a 30 por ciento del total del mundo. No obstante, el manejo no sustentable provoca la degradación del suelo y contaminación.

Los delegados expresaron, a su vez, inquietud por la extranjerización de tierras. El viceministro de Agricultura de Argentina, Lorenzo Basso, reveló que los países que avanzaron en leyes para limitar este proceso asesorarán a los que aún no las tienen.

En entrevista, el mexicano Alejandro Flores Nava, director de la FAO en Argentina, destacó que, con la incorporación de Da Silva, el primer latinoamericano a la dirección de esta agencia, la región ganó preponderancia en los debates.

No es sólo que sea latinoamericano. Es una persona con una sensibilidad particular que le permitió ser muy exitoso en su estrategia para reducir el hambre en Brasil, enfatizó Flores aludiendo a su pasado como miembro del gabinete ministerial del presidente de su país, Luiz Inacio Lula de Silva (2003-2011). Fue ministro de Desarrollo Social y Combate al Hambre, cartera responsable de implementar el programa Hambre Cero, que brinda asistencia alimentaria y sanitaria a millones de brasileños.

Flores Nava sostuvo que otro factor de peso es que América del Sur es una potencia agroalimentaria, con una producción excedente que está contribuyendo a alimentar al mundo, lo hace con una conciencia ambiental creciente.

Esta zona sureña es la que tiene el mayor potencial de crecimiento en esta producción y, sobre todo, en acuicultura, área a la que aporta apenas 3 por ciento de la producción global, pero en la que tiene un amplísimo campo de expansión, advirtió.