La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) celebró los cambios aprobados a los artículos 24 y 40 constitucionales en materia de libertad religiosa, pero hizo notar que se debe vigilar que esas libertades sean para todos los credos, bajo el principio de equidad, pluralidad y tolerancia.

Sostuvo que lo indeseable sería que bajo el amparo de la reforma se privilegiara a algún credo en especial por considerarlo mayoritario. El problema en el avance de la vida libertaria en lo religioso es que de inmediato y de manera justificada se presupone un favoritismo especial para la Iglesia mayoritaria (la católica). Todos sabemos que si los derechos y obligaciones no son por igual, entonces no es libertad, refirió Arturo Farela, presidente de la Confraternice.

Agregó que si las estructuras y los factores reales de poder fueran democráticos, entonces buscarían equidad en el tema religioso y remarcó que al no existir, es justificada la preocupación de muchos sectores que están en contra de las libertades religiosas; (por lo que) entonces el problema es garantizar a las minorías religiosas el pleno ejercicio de derechos libertarios en igualdad de condiciones.

Farela acotó que si bien es cierto que se ha avanzado en diversas legislaciones, es lastimoso saber que en cuanto a libertades religiosas estamos muy por debajo de otros países, no sólo europeos, sino incluso latinoamericanos en vías de desarrollo.

Resaltó: es increíble que en nuestro país la única manifestación pública ciudadana que requiere el visto bueno de la Secretaría de Gobernación sea la religiosa, cuando normalmente otras expresiones públicas como artística, cultural, deportiva, de rechazo a políticas públicas o proselitismo electoral, no lo requieren.

La Confraternice expuso que sí se debe avanzar en derechos libertarios religiosos, en concordancia con los instrumentos internacionales firmados por México, pues son derechos universales respetados en casi todo el mundo occidental; se debe vigilar que esas libertades sean para todos los grupos religiosos; que el Estado y la educación pública sigan siendo laicos, pues ésta es una premisa de la democracia y que se deben implementar programas públicos que fomenten el respeto a la pluralidad y tolerancia religiosa.