Los jóvenes y adolescentes son el sector más castigado por el fracaso de las políticas públicas. Más que privilegiar leyes que incrementen las sanciones contra los menores que infrinjan la ley, las autoridades deberían impulsar estrategias de Estado que contrarresten la penosa situación que enfrentan, señalaron académicos universitarios.

Agregaron que si bien la Ley Federal de Justicia para Adolescentes –aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados– cumple en términos generales con lo que establecen los tratados internacionales para atender a los menores en situación de delito, los legisladores debieron prever que cuando un menor delinque hay un contexto detrás: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y desesperanza, por lo que más que aprobar una norma punitiva, se debió atender el problema de manera integral.

José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que “se prioriza la parte penal, se insiste en la vieja concepción de castigar, pero no se atiende a su recuperación. El problema no son los chavos, sino las condiciones de su entorno”.

Indicó que si los menores viven en contextos de violencia y pobreza, en muchas ocasiones los reproducen delinquiendo. No hay políticas para la juventud, instituciones que se encarguen de su atención ni procedimientos que tengan por objeto mejorar sus condiciones.

Resaltó que encarcelarlos desde los 14 años es un riesgo, más aún si no se cuenta con un sistema de justicia completo que propicie su reinserción y rehabilitación. Necesitamos jueces capacitados para tomar las decisiones, personal especializado, abogados para garantizar los derechos de los adolescentes que sean juzgados por algún tipo de delito.

Alfredo Nateras Domínguez, experto en identidades juveniles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que en un país donde más de 30 millones de personas son jóvenes, resulta muy peligroso y preocupante que se apruebe un marco legal que permite no sólo encarcelar a menores de 14 años, sino que incluso desaparece de un plumazo derechos humanos básicos, pues pretende decir a dónde pueden acudir, incluso con quiénes se pueden relacionar o aplicarles penas como prisión domiciliaria.

Una sociedad que opta por criminalizar a sus jóvenes, antes de garantizar condiciones de equidad en el desarrollo social, de abrir oportunidades reales de educación, salud y un empleo digno, pone en riesgo su futuro, pero también el de toda una generación, pues hoy en México ser joven implica el riesgo de ser detenido, asesinado o desaparecido.

María del Carmen Montenegro, experta en criminalística y derechos humanos de la Facultad de Sicología de la UNAM, indicó que privar de la libertad a temprana edad (la ley prevé que a los 14 años los jóvenes pueden ser detenidos en casos graves) implica riesgos para el desarrollo de los adolescentes.