El uso de las videograbaciones en el proceso penal debe guiarse por parámetros claros para evitar la violación de derechos humanos, al mismo tiempo que deben existir protocolos bien establecidos para que éstas no pierdan valor probatorio en un juicio, manifestó el procurador general de justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida.

Ante la implementación del sistema procesal penal acusatorio en el Distrito Federal, el abogado de la ciudad señaló que las videograbaciones serán motivo de atención en las salas de juicios orales, por lo que habrá de seguirse un procedimiento impecable, estrictamente apegado a derecho, en el que se observe la cadena de custodia de los registros de audios y videos para que no sean borrados o alterados, además de que deberá prevalecer el rigor científico para decidir no sólo la grabación, sino su conservación.

Durante la presentación de la conferencia magistral Las videograbaciones y su valor probatorio en el proceso penal, impartida por Francisco Muñoz Conde, catedrático de la Universidad de Pablo Olavide, de Sevilla, España, el procurador capitalino recordó que en el Distrito Federal se instalaron 13 mil cámaras como parte del Proyecto Bicentenario, lo que ha contribuido a disminuir los índices delictivos de alto impacto por lo que destacó la importancia de capacitar y profesionalizar a los operadores jurídicos del sistema de justicia penal ante este nuevo sistema procesal en la ciudad.

Por su parte, el catedrático español enfatizó que los gobiernos deben tener cuidado para no criminalizar derechos y convertirlos en delitos, porque tienen un costo excesivo en la intimidad y las garantías de las personas. Agregó que no hay ninguna duda de que el Estado, en su lucha contra la criminalidad, tiene que utilizar nuevas tecnologías. La mayoría de los delitos sólo pueden ser investigados y llevados a un proceso penal con el empleo de medios audiovisuales, por lo que las leyes deben actualizarse y contar con procedimientos jurídicos bien reglamentados.

Moisés Moreno Hernández señaló que en México las videograbaciones o intervenciones están reguladas desde 1996, cuando se generó la Ley General contra la Delincuencia Organizada, misma que da valor probatorio a éstas ante el desarrollo de este tipo de delincuencia.