Cuando Jocelyn Armenta Reynoso compró una franquicia de Taco Inn, en 2005, nunca imaginó el calvario que iba a vivir y que iba a perder su inversión, más de 3 millones de pesos, en una empresa que sólo le dejó malos recuerdos.

Su caso corresponde al 0.5 por ciento de negocios de ese modelo que, según la Asociación Mexicana de Franquicias, no fructifican.

En septiembre de 2005, Armenta firmó un contrato con Operadora Suiza Mexicana SA de CV, que comercializa los derechos para operar esas franquicias en el país, cuyo apoderado legal es "N".

Al principio fue muy amable. Nos explicó que ese tipo de negocios generaba ganancias de 30 por ciento de la venta bruta y que la inversión total para instalar el local sería de máximo un millón de pesos.

Los problemas empezaron desde la construcción del local.

Debido a errores de los arquitectos que "N" recomendó, el local tuvo un costo de un millón 400 mil pesos. Además, al momento de la apertura su establecimiento era el único que funcionaba en toda la plaza comercial.

Ante los reclamos, "N" sostuvo que lo mejor era cubrir el monto y tener paciencia, porque de no operar se debían cubrir multas con la plaza y la operadora. Además, propuso comprar una nueva franquicia, en la que se le darían mayores facilidades.

Armenta decidió adquirir un segundo establecimiento en otra plaza comercial en julio de 2006, en cuyo desarrollo también hubo irregularidades que elevaron el costo a un millón 700 mil pesos.

La franquiciataria asegura que una vez funcionando los dos locales, ubicados en las plazas comerciales Metrópoli-Patriotismo y Torre Arcos, las ganancias no llegaban ni a 5 por ciento.

Refiere que la operación diaria era desgastante, porque los empleados (contratados por "N") hacían lo que querían. Además había retrasos en la entrega de mercancías para que operara el negocio (sólo pueden ser provistos por la operadora), lo cual generaba multas que Armenta debía cubrir.

A mediados de 2009 Armenta se reunió con "N" para tratar de solucionar los problemas, pero la respuesta fue que así operaba el negocio y que si ya no estaba a gusto vendiera los locales para que él los siguiera trabajando.

Ante el hartazgo, la mujer aceptó, pese a que el monto ofrecido por "N" fue de sólo 2 millones 700 mil pesos y no los más de 3 millones que había invertido.

El contrato de cesión de derechos se firmó el 3 de diciembre de ese año.

Sin embargo, Armenta asegura que hasta la fecha no ha recibido ni un peso y que ni "N" ni nadie de la empresa le responde las llamadas telefónicas.

La afectada entabló una demanda contra "N". En septiembre del año pasado, José Luis Artemio Chavarría González, quien hasta agosto de 2010 fungió como administrador único y accionista de Operadora Suiza Mexicana, acudió a declarar a la fiscalía central de investigación para delitos financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En su declaración, Chavarría sostuvo que "N" inventaba multas de la nada a los franquiciatarios, tardaba en hacer llegar la materia prima y mandaba al peor personal, a los recién llegados, con tal de que el negocio se fuera abajo y los compradores de la franquicia desistieran y la vendieran nuevamente a él, pero a un precio menor.

Además, señaló que una vez que las taquerías pertenecían a Operadora Suiza, "N" las hacía funcionar al 100 por ciento. Pese a haber prometido el pago a los antiguos franquiciatarios, se negaba a recibirlos o a contestarles las llamadas.

En diversas ocasiones La Jornada buscó a "N" para conocer su punto de vista, pero no hubo respuesta.