Al definir que el acceso a la justicia para las mujeres debe ser prioridad de todo estado constitucional de derecho, la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para obligar al resarcimiento del perjuicio y el pago de tratamiento médico a las víctimas de daño físico o explotación.

La cámara avaló con ello los cambios que la Cámara de Senadores había hecho a la minuta que, a su vez, recibió de los diputados y con la cual endureció las penas contra quienes ejerzan violencia intrafamiliar.

En el dictamen de la minuta, que tras aprobarse por 311 votos fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación, se resalta la consideración tenida previamente por el Senado respecto de que el gobierno federal debe satisfacer las necesidades más elementales de las víctimas y ofendidos por un fenómeno criminal y que con ello se busca fortalecer el sistema de justicia penal mexicano, que permita contar un régimen lo más humanamente posible.

Al respecto, la reforma define que la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño y a la afectación sufrida.

Por ello se expresa que cuando menos debe cubrir la restitución de la cosa obtenida por el delito y, si no fuere posible, el pago del precio de la misma a su valor actualizado.

Asimismo, indemnización del daño material y moral causado, incluyendo atención médica y sicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud que requiera la víctima como consecuencia del delito.

Asimismo, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, el pago de la pérdida de ingreso económico y lucro, el costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales.