Un día antes de la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) en la cual se determinó la negativa a pedir una cadena nacional para transmitir el debate entre candidatos presidenciales –que se realizará el domingo a las ocho de la noche–, vía telefónica se hizo del conocimiento de la institución la postura oficial: si el organismo hacía la solicitud, el gobierno la aprobaría. Era el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien ofrecía el respaldo, con el aval pleno de Los Pinos.

Al día siguiente, cuando los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional formalizaron su petición de que se efectuara una sesión extraordinaria para discutir el tema, el consejero presidente, Leonardo Valdés, tenía claro que no habría objeción gubernamental a la decisión y, acorde con el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se decretaría la cadena, a pesar de lo cual se pronunció en contra.

Las presiones

El cabildeo gubernamental no fue lo único que pesó en la decisión, pues las presiones de los concesionarios y del PRI se intensificaron para que se rechazara esa pretensión.

Apenas comenzó a saberse que el Movimiento Progresista invocaría la referida legislación –que se contrapone al artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sólo considera potestativo para los concesionarios–, se iniciaron contactos con consejeros electorales para desactivar tal posibilidad.

En paralelo, desde temprano el PRI hizo saber su postura, misma que, durante la sesión, expuso con estridencia: bajo ninguna circunstancia admitían la posibilidad de que se inmiscuyera a Gobernación en asuntos electorales, la cual fue matizada con una expresión de sus deseos de que el debate fuera transmitido lo más ampliamente posible.

La división en torno al tema comenzó a expresarse desde el martes, ponderando diversos escenarios, entre ellos, la secuela que le implicaría al IFE: forzar la decisión y obligar a todos los concesionarios de radio y televisión a transmitir resultaría contraproducente de cara a los dos últimos meses antes de las elecciones, en especial con la principal empresa involucrada, Televisión Azteca.

La empresa del Ajusco ha mantenido una sistemática campaña en sus canales en contra del IFE desde que se instrumentó el nuevo modelo de comunicación política, y la negativa a transmitir el debate es solamente otro capítulo de esa difícil relación, que podría hacerse aún más ríspida en esta última fase si se hubiese aprobado la cadena nacional.

En ese contexto, se planteó una opción que formalizó el consejero Lorenzo Córdova en la sesión del Consejo General: que el IFE sólo corriera traslado a Gobernación de la petición de los cuatro partidos.

En principio, esa propuesta tenía el apoyo de varios consejeros, pero, finalmente, en medio de los cabildeos en el instituto, sólo Córdova y Alfredo Figueroa la respaldaron.

Con el argumento de que el artículo 70 del Cofipe es muy claro sobre el carácter potestativo de los concesionarios a transmitirlo y, en la lógica de que ordenar una cadena nacional sería imponer el debate a todos los ciudadanos, se optó por negar la petición la noche del miércoles.

No nos creemos que somos autoridad, lamentó un funcionario del IFE, cuando era inminente la negativa.