La Secretaría de Gobernación (SG) no ordenará el encadenamiento de estaciones de radio y canales de televisión para la difusión nacional del debate entre los candidatos a la Presidencia, programado para este domingo a las ocho de la noche.

Lo anterior se desprende del análisis que realizan altos funcionarios de la dependencia, al cual La Jornada tuvo acceso.

Destaca que promover la cadena nacional violentaría la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE).

El estudio considera también que la labor de convencimiento a los concesionarios que anunciaron su decisión de no transmitir el encuentro entre los aspirantes presidenciales es responsabilidad del instituto.

En tanto, los partidos que integran la coalición de izquierda Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) presentarán en las próximas horas un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución tomada por el IFE de no solicitar a la SG el encadenamiento.

Es lamentable que la mayoría de consejeros del IFE no atiendan una violación flagrante de los derechos humanos, consagrados en los artículos primero y sexto constitucionales, relacionados al derecho a la información, advirtió el senador Ricardo Monreal, coordinador de la campaña del candidato presidencial de esa coalición, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que restringir la difusión del debate viola los derechos de los habitantes de sitios en los que no será posible verlo. En la queja, dichos partidos aludirán a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el acceso a la información, así como a ordenamientos internacionales en la materia suscritos y ratificados por México.

Monreal sostuvo que el debate es asunto de trascendencia nacional, requisito que prevé la Ley Federal de Radio y de Televisión para que la Secretaría de Gobernación ejecute lo necesario para hacer posible que se encadenen permisionarios y concesionarios.

Aunque fue Monreal quien a nombre de la coalición presentó la solicitud a Gobernación y al IFE, anunció que los esfuerzos previos al debate se encaminarán a la queja en el tribunal.

Aficionados al futbol e integrantes de organizaciones no gubernamentales demandaron a la Femexfut que el encuentro Tigres-Morelia no sea transmitido el domingo a la hora del debateFoto Cristina Rodríguez

En tanto, el análisis de Gobernación se sustenta en que la ley no otorga a esta dependencia la facultad de aplicar, por iniciativa propia, un acto de autoridad de esa naturaleza, relacionado precisamente con un tema electoral, acotado exclusivamente para el IFE y otros órganos de ese ámbito.

Gobernación es respetuosa de la distribución de competencias, y es su obligación colaborar, entre otras, con autoridades electorales. Sin embargo, el artículo 70 del código electoral es muy claro en señalar que la difusión del debate por parte de los concesionarios será un acto voluntario, explicó uno de los funcionarios consultados por este diario.

Reconoció, sin embargo, que existe un desfase entre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reformado en 2007, y la Ley de Radio y Televisión, de 1960.

No hay precedente de una cadena nacional de dos horas; la única previsión de Gobernación hasta el momento es recorrer unos minutos, de ser necesario, La hora nacional, que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche.

En tanto, un grupo de ciudadanos entregó en la oficina del titular de la SG, Alejandro Poiré, una carta con 7 mil 794 firmas de electores que piden a esta dependencia dictar lo conducente para que el debate sea transmitido en cadena nacional.

Las firmas fueron recabadas en menos de 36 horas por vía electrónica en una campaña sustentada en las redes sociales.

Tres horas después de la recepción de esas firmas, en momentos en que Poiré se hallaba aún fuera de su despacho, Gobernación emitió un comunicado para informar que no ordenará la transmisión en cadena nacional de dicho encuentro.

Exhortó a todos los concesionarios a sumarse a la transmisión del debate para que un mayor número de mexicanos tenga acceso a este servicio democrático y contribuir con ello al proceso electoral.

El documento agrega que la secretaría estará atenta a la decisión de los concesionarios, y señaló su disposición al diálogo con todos los actores políticos.