El asesinato de la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, Regina Hernández –que se suma al de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos fueron identificados ayer en esa entidad–, en gran medida es producto de la incapacidad e indolencia de las autoridades mexicanas para proteger al gremio periodístico, valorar su trabajo y perseguir a quienes agreden a comunicadores, señalaron activistas de varias organizaciones sociales.

Durante la presentación del informe Libertad de prensa 2012, presentado por la organización internacional Freedom House, Darío Ramírez, presidente del colectivo Artículo XIX, lamentó conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa con la noticia de que otros tres comunicadores fueron asesinados.

La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tomar otro rumbo, a celebrar alguna condena (contra los agresores de periodistas) y que el gremio empiece a sentirse más seguro? Condenamos la impunidad y nos indigna, y vemos el origen en la incapacidad de los ministerios públicos para configurar investigaciones adecuadas, indicó.

Hay un trinomio de irresponsabilidad: uno, que el Estado deja hacer y deja pasar lo que destruye a la sociedad mexicana; dos, la sociedad ha dejado que los comunicadores sean masacrados al no valorar el periodismo valiente y crítico, y tres, la competencia entre los medios les ha nublado el sentido de la solidaridad, dijo.

Mike O’Connor, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), sostuvo que hay indicios claros de que los tres niveles de gobierno no han hecho lo suficiente para proteger a los comunicadores, lo que ha convertido a México en un país donde la libertad de prensa no se ejerce en la práctica.

Aleyda Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, lamentó que a las condiciones de precariedad laboral que enfrentan muchos periodistas, se sume la gran vulnerabilidad del gremio ante la espiral de violencia que azota el país.

Ante las críticas, Laura Angelina Borbolla Moreno, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, aseveró que el organismo a su cargo –dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)– no ha sido apático ni pasivo, y pidió a los comunicadores que ayuden a las autoridades a cumplir su trabajo.

Aseguró que las autoridades federales y estatales trabajan en conjunto para determinar quiénes son los responsables del asesinato de los periodistas veracruzanos, la funcionaria indicó que, por desgracia, 80 por ciento de los casos de comunicadores agredidos son del fuero común, por lo que la PGR no tiene competencia para intervenir, y llamó a concretar la federalización de dichos crímenes.

No somos apáticos respecto de este tema. Lamentablemente, muchas personas no colaboran, por temor o desconocimiento, pero requerimos que coadyuven con nosotros. Tengan la confianza de que no soy pasiva ni indiferente a las circunstancias en que nos encontramos, pero si el gremio periodístico no coopera, será más difícil dar resultados de manera inmediata, subrayó.

Ante el llamado de la fiscal, Darío Ramírez encomió su disposición y al mismo tiempo le pidió dejar de lado las simulaciones, porque los resultados de las supuestas acciones del gobierno en la protección de comunicadores son inexistentes.

Por separado, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, lamentó el asesinato de los cuatro periodistas de Veracruz, ya que cuando la libertad de prensa es atacada, las personas, las sociedades y las economías sufren.

Al presentar el documental Reportero, del cineasta Bernardo Ruiz, Wayne aseguró que la embajada estadunidense ha trabajado cerca con el gobierno mexicano y las organizaciones no gubernamentales, e incluso canalizó 5 millones de dólares en cuatro años para promover el trabajo de los periodistas.