San Cristóbal de Las Casas, Chis. 3 de mayo. Detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamiento de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón) se han vuelto práctica corriente. De agosto para acá han sucedido en repetidas ocasiones (La Jornada 26, 28 y 30 de abril), si bien dicho patrón se desarrolla desde 2010.

Al aproximarse las elecciones, sostienen los ejidatarios, “el gobierno cambia de estrategia; si se han repartido proyectos, apoyos productivos y programas ‘por condición’, con la constante intervención de operadores políticos”, ahora es a través de los partidos en campaña. Señalan en especial al Verde Ecologista, el PRI y la Fundación Colosio de ambos, pero también PAN y PRD.

En un amplio testimonio sobre las agresiones y acusaciones infundadas que han recibido del gobierno estatal desde 2007 por defender su territorio y resistir a los planes trasnacionales de turismo y carreteras en sus tierras, los ejidatarios de San Sebastián revelan “evidencias de cómo el mal gobierno criminaliza a la otra campaña y a luchadores sociales en defensa de la madre tierra, con el objetivo de desintegrar la organización”.

El caso más reciente ocurrió el 22 de abril, al ser detenido por policías preventivos Samuel Jiménez Álvaro por un supuesto delito de homicidio calificado y tentativa, según la causa penal 276/2011. Luego de ser torturado durante tres días salió libre. Otros compañeros suyos no corrieron con la misma suerte y están en prisión por diversas acusaciones hasta ahora no acreditadas.

Una detención ilegal más ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2011, al ser violentamente cateado sin orden judicial el domicilio del ex preso político Juan Aguilar Guzmán por unos 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva. Realizaron disparos dentro del domicilio sin importar los menores que en ese momento estaban descansando. No encontraron nada, pero se llevaron a Jerónimo Aguilar Espinoza a un lugar desconocido. La policía lo interrogó insistentemente sobre “cómo se llama el dirigente de la otra campaña, quiénes, cuántos y de dónde son”. Horas después fue liberado.

Los partidos, en tanto, usan nuestros nombres para ganar las elecciones manipulando a las mujeres que reciben el Programa Oportunidades. Esto, con el fin de desintegrarnos, pero seguimos resistiendo y luchando sin importar las consecuencias. Somos los que amamos a nuestra madre tierra. ¿Es un delito defenderla?

Los ejidatarios tzeltales se dicen hartos de las violaciones a los derechos humanos, y de que las autoridades estén por encima de las leyes y de nuestros derechos como pueblos indígenas. Invitan a las demás organizaciones a alzar la voz, porque no nada más en San Sebastián está pasando, sino en diferentes lugares de Chiapas y México.

En la aplicación de la estrategia gubernamental, distintos actores han figurado en su diseño y operación. Los indígenas cuentan con testimonios sobre la participación directa de diferentes personajes de la política. Uno de ellos es Noé Castañón León, secretario general de Gobierno. Citan información de testigos, cuya identidad se guarda por riesgos a la vida e integridad personal, sobre un plan de despojo desarrollado bajo el argumento de la gestión de tierras.

El funcionario se encontró el año pasado con Carmen Aguilar Gómez, instrumento de la estrategia oficial, quien ya estaba destituido de su cargo en el ejido, y en pocos días se integró con el gobierno en el plan de seguir gestionando tierras. Nunca lo logró, y terminó sacrificando a gentes inocentes en el rancho El Vergel, municipio de Sitalá. Los indígenas reseñan los eventos más relevantes, que ayudan a entender la permanente intervención de los tres niveles de gobierno para confrontar y polarizar la zona. Ello, sin mencionar numerosos acontecimientos locales en las comunidades ni las agresiones físicas del PVEM y el PRI.