La sentencia de 29 años de cárcel que impuso un juez federal al ciudadano mexicano Mauro Rodrigo Hernández, de San Luis Potosí, por los delitos de posesión, transmisión y producción de pornografía infanti, fue producto de la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), aseveró la embajada de aquel país. La investigación que descubrió a Hernández fue desarrollada por una fuerza de tarea cibernética bilateral que se inició el 31 de agosto de 2011, cuando los agentes especiales asignados a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en la embajada de Estados Unidos en México recibieron información de una línea de denuncia cibernética del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), con respecto a una cuenta de correo electrónico que había estado transmitiendo pornografía infantil y usando tecnología de nube para almacenar las imágenes.