El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó ayer dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La primera contra el presidente Felipe Calderón, el ex secretario del Trabajo Javier Lozano y varios miembros del gabinete de seguridad, ya que utilizaron a elementos del Ejército, disfrazados de policías federales, contra 44 mil trabajadores al ordenar la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro el 10 de octubre de 2009, con lo que violaron sus garantías humanas y laborales.

La segunda fue contra la resolución que emitió la junta especial número cinco de Conciliación y Arbitraje para rechazar la acumulación de denuncias que en materia laboral ha interpuesto el sindicato. Entre éstas ingresó la exigencia de que se declarara un patrón sustituto.

Una comisión encabezada por el secretario general del SME, Martín Esparza, y el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, se reunió ayer con el secretario técnico de la CNDH, Óscar Elizunda, con el fin de explicar los motivos para presentar dichas quejas, en las cuales los electricistas hicieron un recuento de las graves violaciones que se cometieron contra los electricistas.

A esa petición el sindicato anexó 599 hojas con 5 mil 727 firmas de apoyo. En ella plantea que tropas del Ejército fueron utilizadas para reprimir y provocar a los trabajadores desalojados de su fuente de empleo con abuso de autoridad y exceso de atribuciones en el uso de las fuerzas armadas, como si fueran criminales y no trabajadores, lo que representa una violación a sus derechos humanos.

Señala que el gobierno utilizó en el operativo soldados zapadores (entrenados en el uso de explosivos, apoyos logísticos, atrincheramientos y fortificaciones para enfrentamientos armados), por lo que se dio a los trabajadores un trato indigno, como si fuera amenaza de Estado.

La segunda queja fue contra la junta especial número cinco de Conciliación y Arbitraje, ya que no sólo se negó a acumular expedientes, sino procedió a dictar laudo en el juicio laboral, procediendo a declarar terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y diciendo que no había lugar a estudiar la sustitución patronal.