a principal falla del programa zedillista Progresa, diseñado por el tecnócrata Santiago Levy (1997) –rebautizado por los foxistas como Oportunidades (2002)–, consiste en que nunca cumplió con su oferta de partida: aliviar la pobreza creando capital humano para una mejor inserción de las siguientes generaciones en el mercado de trabajo.

Este programa de transferencias condicionadas en salud, alimentación y educación jamás alteró la propagación de la población pobre en el tiempo. Tampoco transformó sus aptitudes para que, por sí mismos, fueran capaces –corresponsablemente– de desplegar sus potencialidades e incrementar sus ingresos evitando así el círculo intergeneracional de la pobreza. El programa focalizado nunca cumplió la máxima panista de la alternancia: no dar pescado, enseñar a pescar. Fracasó esféricamente.

En diciembre de 2000, traicionando de inmediato el contundente mandato por el cambio que recibiera en la elección presidencial, Fox se atrevió a designar a Levy como director general del IMSS. Cinco años después fue penosamente relevado legando una estela funesta: la peor situación financiera y de recursos de que se tenga memoria en la institución, así como una escandalosa campaña de desprestigio sobre el activo más relevante: sus trabajadores.

En el cuadro de la fracasada reforma Zedillo de 1995 y el colosal préstamo del Banco Mundial por 750 millones de dólares al IMSS-Borrego, Levy desoyó siempre los regulares pedidos de Fox para que mejorara los servicios. A cambio, optó por fabricar el mito del peso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en las finanzas del IMSS, mientras hundía la producción de servicios –especialmente los médicos– en una inercia que no ha sido remontada. Hoy la norma son insoportables tiempos de espera y carencias insultantes.

Además, durante sus fatales cinco años de gerencia polarizadora, la corrupción cundió a un nivel sólo superado por los directores de Calderón: Molinar Horcasitas y Karam. Gracias a Levy, en el IMSS de los panistas priva una suerte de Medioevo de los intereses que se benefician de los recursos destinados a la operación de los servicios.

Ante el naufragio de Oportunidades y su desastroso paso por el IMSS, Levy ensayó una fuga hacia adelante buscando, ahora, encubrir los desperfectos de Oportunidades en la rigidez del mercado de trabajo y el crecimiento de la informalidad.

Ese fue el origen de su nuevo diseño tecnocrático para volver a reformar la seguridad social (Nexos, febrero 2009) que contempla financiarla con IVA generalizado a fármacos, alimentos y servicios sin excepción, desestructurando la integralidad de las prestaciones IMSS-Issste para sustituirlas con unos derechos sociales universales exigibles de paquetes mínimos (como los del Seguro Popular de Julio Frenk).

Y que, posteriormente, Levy puso en boca de Enrique Peña Nieto (México, la gran esperanza): el así llamado combo de la seguridad social universal, nueva versión del Seguro Popular, seguro de desempleo, pensión para el retiro y seguro contra riesgos laborales. Aunque Peña evite sistemáticamente referirse al incremento de impuestos que exige su materialización.

Como también ofreciera Josefina Vázquez Mota en el debate entre candidatos presidenciales el 6 de junio: eliminaremos las cuotas obrero-patronales, o la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) que proponen una reforma fiscal para establecer un impuesto al consumo que financie las pensiones y modificar el impuesto sobre la renta (ISR) para incentivar la creación de planes de pensiones complementarios en el sector privado (26/4).

Pero un reciente estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias –que también se ha sumado más que entusiastamente a la reforma de Levy–, signado por Jorge Chávez Presa, Francisco Suárez Dávila (priístas), Fausto Hernández Trillo, John Scott, Juan Pardiñas, Gerardo Esquivel y Mario Luis Fuentes, entre otros, ha realizado algunos de los cálculos que Peña Nieto y Levy ocultan, Vázquez Mota muy probablemente ignora y el IMEF no divulga.

Para financiar ese combo mínimo se requeriría 6.5 por ciento del PIB, del cual 1.8 se financiaría con la inversión actual, 3.4 con la generalización del IVA, entre 1 y 1.2 por ciento con la recaudación del ISR y entre 1.5 y 2 por ciento con el precio de gasolinas (Reforma, 20/4).

Y todo para recibir como derecho universal exigible una pensión digna de dos salarios mínimos –por familia– después de los 65 años, muy, muy por debajo de las que actualmente garantizan las ya reformadas leyes del IMSS (Zedillo, 1995) e Issste (Calderón, 2007).

Dígase lo mismo del seguro de desempleo publicitado en el combo de Peña Nieto: Me comprometo con un seguro de desempleo a todos los mexicanos que pierdan su empleo y para que el tiempo que les lleve encontrar uno nuevo tengan un ingreso como sustento de vida (29/4). ¿Y cuánto es ese tiempo? Cuando gobernó el estado de México, Peña implementó un programa de apoyo al desempleo que contemplaba la entrega de 2 mil pesos mensuales sólo durante ¡tres meses! ¡El derecho exigible de su combo es pues un paquetito mini-mínimo!

El descalabro acosa los modelitos tecnocráticos de Levy. De un Progresa-Oportunidades que nunca cumplió a la enésima reforma financiera de la seguridad social que quiere elevar impuestos mientras reduce prestaciones, ¡pero no sabe mejorar servicios! Para decirlo con el FMI: ¡la longevidad cuesta a las finanzas!, y a México le cuestan sangre los modelitos del insigne tecnócrata zedillista, foxista y, ahora, peñista.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco