Buenos Aires, 12 de mayo. La justicia argentina impidió la salida del país al empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y a otros ex funcionarios de esa empresa, en la norteña provincia de Jujuy, quienes serán acusados en los próximos días por graves delitos por complicidad con la pasada dictadura militar en el secuestro, asesinato y desaparición de personas.

Debieron pasar 36 años para que finalmente se actuara ante los reclamos de los familiares de las víctimas de la llamada Noche del apagón, cuando los dueños y directivos de la empresa, situada a 120 kilómetros de la capital de Jujuy produjeron cortes de luz durante siete días entre el 20 y el 27 de julio 1976, lo que permitió a los militares realizar redadas en la que secuestraron a unas 400 personas, muchas de las cuales están desaparecidas.

El pasado 17 de abril el juez federal Fernando Portilla ordenó allanar oficinas y casas de funcionarios y dueños de Ledesma, y no sólo encontraron documentos del pasado sino del presente, en los que se reveló espionajes actuales contra trabajadores, familiares de las víctimas y personalidades que acompañaban las marchas de reclamo.

La documentación encontrada confirma las acusaciones contra el ex administrador de la empresa Ledesma, Alberto Lemos y Mario Paz, gerente de personal, por colaborar con las fuerzas de seguridad en el momento en el que se produjo el apagón hace más de 30 años.

Ambos entregaron a los militares información de inteligencia sobre los trabajadores y facilitaron instalaciones y vehículos, como los camiones usados para trasladar a las víctimas.

Entre los documentos fueron encontrados informes de seguimientos realizados en 2005 a los participantes de la Marcha del apagón que comenzó con la solitaria resistencia de Olga Aredez, una de las 80 mujeres que conformaron la primera Organización Madres de Plaza de mayo en Jujuy.

Su esposo, el médico Luis Aredes, ex intendente del lugar, que enfrentó al Ingenio Ledesma y que ejercía medicina social para los más pobres del lugar, está desaparecido desde la Noche del apagón.

Olga Aredez comenzó sola haciendo ronda alrededor de la plaza principal de San Salvador de Jujuy, con un pañuelo blanco en la cabeza soportando amenazas y burlas, hasta que logró que creciera un movimiento en esa provincia, donde la familia Blaquier ejercía un poder ciertamente feudal.

La vinculación entre el ingenio Ledesma de los Blaquier y el aparato represivo, fue denunciada por varios testigos y sobrevivientes quienes relataron que los secuestrados eran llevados en las camionetas del ingenio a un destacamento de gendarmería que se encontraba dentro de la misma empresa y desde allí a cárceles de la ciudad o al Centro Clandestino de Detención Guerrera y en este caso los

desaparecían. Todos los secuestrados fueron víctimas de torturas y hay 30 personas que se desconoce dónde están.

Los documentos demuestran el segumiento a los hijos de Olga -quien murió en 2005- y el desaparecido Luis Arédez, con datos de todos los que los visitaban y nombres y procedencia de quienes participaban en las marchas por justicia. Fueron encontrados datos de ex detenidos y sus familiares, lo cual implica otro delito agregado a la acusación central.

También se realizaron espionajes contra víctimas y familias de jóvenes asesinados por la policía de Jujuy en la forma de gatillo fácil y otros que murieron ahorcados en las comisarías, ya en democracia.

La organización Amnistía Internacional (AI) entregó un informe sobre Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil, solicitando formalmente a la jueza federal María Servini de Cubría que continúe investigando los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, entre 1936 y 1977 en España.

Se solicitó hacerlo bajo la aplicación del principio de jurisdicción universal, y además AI denunció que los datos remitidos por la fiscalía española a la justicia argentina por esos casos no se ajustan a la verdad, ya que las investigaciones sobre estos hechos en ese país están prácticamente paralizadas.

El informe contiene 21 de los 47 casos presentados en juzgados españoles donde esas causas fueron paralizadas ante una negación judicial, e incluye la sentencia del caso Baltasar Garzón, y las consecuencias que esto tuvo para la lucha contra la impunidad, paralizando las investigaciones sobre esos crímenes de lesa humanidad.

Servini mantiene abierta algunas de las causas iniciadas por Garzón, quien fue suspendido en el cargo durante un decenio por otra causa, y expulsado del sistema judicial.

La negación del derecho a la justicia a las víctimas y la ausencia de investigación son manifiestamente contrarios al derecho internacional. En España no se ha llevado a cabo ninguna investigación judicial exhaustiva para conocer la verdad de los hechos, dijo el director de AI España, Esteban Beltrán, después de presnetar el informe, junto con la directora de esa organización en Argentina, Mariela Belski.