Detrás del reciente recrudecimiento de la violencia, del aumento de las ejecuciones en la zona norte del país, de los cadáveres mutilados que fueron arrojados esta madrugada en Cadereyta, Nuevo León, y en días pasados en Jalisco, que suman más de 70 muertos en menos de una semana, está el mensaje claro de la delincuencia organiza que pretende un ajuste de cuentas contra el régimen de (Felipe) Calderón, sostiene el académico Guillermo Garduño Valero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ningún grupo criminal quiere negociar a estas alturas con el régimen de Calderón Hinojosa. Ya es demasiado tarde. Lo que pretenden los narcotraficantes no es buscar quién se las hizo, sino quién se las pague, puntualiza el académico.

La hipótesis del experto en temas de seguridad nacional, fuerzas armadas y seguridad pública se sustenta en algunos trascendidos periodísticos que refieren que la muerte del general Arturo Acosta Chaparro, ejecutado el pasado 20 de abril, fue perpetrada por sicarios de grupos criminales porque supuestamente el militar habría sido designado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para negociar con el narcotráfico el cese de la violencia durante el actual periodo electoral.

El especialista refiere que también es posible que esas muestras de extrema violencia obedezcan a un signo de desesperación de Joaquín El Chapo Guzmán, quien es probable que se esté sintiendo acorralado por las fuerzas militares y civiles, y como reacción esté siendo el artífice de estos actos.

Cualquiera de las dos hipótesis muestra que es improbable que los grupos criminales disminuyan en los próximos días sus actos de barbarie, como arrojar cadáveres en carreteras o ejecutar a personas que no estén inmiscuidas en actos del crimen organizado.

De su lado, Martín Rubio, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor de la materia de criminalística y clínica forense de derecho procesal penal en la Facultad de Derecho, sostiene que los hechos recientes de violencia en Jalisco y Nuevo León no son más que una estrategia terrorista del grupo criminal Los Zetas para frenar las investigaciones en su contra e intimidar a la autoridad.

Los Zetas están operando en esas entidades y están manifestando procesos que sí pueden ser considerados como actos de terroristas, porque eso es exactamente de lo que se trata el terrorismo: causar pánico en la sociedad, expuso el académico.

En tanto, Rogelio Garza, perito en materia de medicina forense, con maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, catalogó esas expresiones de violencia del narcotráfico como guerra de guerrillas utilizada por grupos criminales para presionar a la población, atemorizar a la sociedad y mostrar su poder a la autoridad.

Con la actual violencia la delincuencia organizada está mostrando su fuerza y dejando el mensaje claro de que nadie podrá nunca con ellos, expuso Garza.