Buenos Aires, 14 de mayo. Con significativo apresuramiento el fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez Ariel Lijo investigar una denuncia periodística acerca del presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente argentino, Amado Boudou; su novia, la periodista Agustina Kampfer, y empresarios que los medios opositores consideran amigos del funcionario.

Antes de que la denuncia pública de Christian Sanz, director del portal digital Periódico Tribuna, fuera ratificada ante la justicia, Di Lello solicitó la investigación con base en una serie de datos periodísticos y de inmediato la noticia fue enviada a medios internacionales.

Una primera denuncia vinculaba a Boudou con la compra de terrenos en un barrio privado de Pinamar, en la costa atlántica, y luego se añadió el pedido de investigación sobre la supuesta participación accionaria en forma directa o indirecta en sociedades bajo sospecha de corrupción. Nuevamente se retoma el caso de un departamento del vicepresidente en Puerto Madero, que fue allanado irregularmente en una investigación anterior, sin consideración de los reglamentos que fijan las leyes en estas circunstancias.

El pedido del fiscal se extiende a empresas y también a 10 sociedades anónimas, incluida The Old Fund, la firma que actualmente maneja la ex imprenta Ciccone, bajo el nombre de Compañía de Valores Sudamericana (CVS). Y a personas como los empresarios Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona.

Ambos están vinculados con la anterior denuncia por supuesta utilización de influencia para salvar a la empresa Ciccone Calcográfica, bajo investigación del mismo juez Lijo.

El fiscal pide que se ordenen solicitudes de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como de las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias.

Como si un laboratorio informativo hubiera estado preparado, la noticia de una denuncia periodística contra el vicepresidente se regó de forma inmediata, lo que comentan los poderosos medios opositores, que se preocuparon por hacer un recuento de todos los medios en el mundo que retomaron la noticia de inmediato.

Las capitales del mundo con los ojos puestos en los casos de corrupción de Argentina. Medios de esas ciudades, y muchos otros, se hicieron eco de la acusación del fiscal Jorge Di Lello contra el vicepresidente Amado Boudou, señalan.

Una pregunta surge, sin embargo, en algunos analistas. ¿Por qué Boudou, y por qué ahora y no durante el tiempo que fue ministro de Economía, de julio de 2009 a diciembre de 2011? ¿A quién favorecería la salida del vicepresidente del gobierno?

En principio se podría pensar en la persona que podría sucederlo en este caso, o simplemente en un intento de golpear a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lleva sólo cinco meses en su segundo gobierno. Estas acusaciones contra Boudou tienen un objetivo, señala un analista local.

También se advierte que esto sucede en el contexto de una fuerte ofensiva antigubernamental en los últimos días, donde poderosos medios criticaron duramente la decisión de la presidenta Fernández de Kirchner, tanto por el anuncio del control de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que estaba en manos de Repsol de España, como por su reclamo por los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas.

A finales de la semana pasada volvieron a salir a las calles provocando violentos incidentes en el Senado de la Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, las cuatro entidades patronales del campo agrupadas en la Mesa de Enlace, encabezadas por la Sociedad Rural y su dirigente, Hugo Biolcatti, quien se subió a la columna del edifcio del Congreso en La Plata, arengando a un grupo liderado por el dirigente del sindicato de los peones de Campo, Gerónimo Venegas, quien ha sido varias veces denunciado por corrupción.

Los ruralistas se oponen a un dictamen que obligará a aumentar los impuestos anualmente por las tierras que desde hace años se mantienen en los mismos montos, causando un fuerte desequilibrio con otros sectores.

Que un supuesto grupo de peones del campo, que han sido explotados y sometidos a esclavitud, como se ha revelado en estos tres último años, sea utilizado para irrumpir en el Senado amenazando a los legisladores, es otro acto de corrupción, denunciaron en La Plata.

También sostienen los funcionarios que se advirtió la presencia de grupos de barras bravas del futbol que se hacían pasar por peones de campo.

La Federación de Municipios convocó a una manifestación el próximo miércoles frente a la Legislatura para evitar un boicot de los ruralistas, mientras el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, descartó ayer cualquier modificación al proyecto de reforma impositiva en la provincia, que incluye la actualización de la base de cálculo para el inmobiliario rural.

Los incidentes muestran la violencia de un grupo de manifestantes encabezados por Biolcati y la Mesa de Enlace, que irrumpieron en la Legislatura sin respetar ni a sus propios legisladores, aseguró la ministra de Gobierno bonaerense, María Alvarez Rodríguez.

En este escenario, el periodista Jorge Lanata, que ahora escribe en medios de la derecha, reunió en su programa televisivo a los más duros periodistas y editorialistas de los medios opositores Clarín y La Nación, con carteles que pedían una conferencia de prensa a la presidenta con el eslogan: queremos preguntar.

En sus pancartas mencionaban el paraperiodismo y, a pesar de que a diario escriben contra el gobierno, hablaban de la censura. Entre ellos estaban todos los columnistas que son considerados aquí la verdadera oposición al gobierno de Fernández de Kirchner.

Se han producido también fuertes reacciones ante las encuestas que se publicaron en los últimos días, donde la toma del control de la empresa petrolera es apoyada por casi 80 por ciento de los entrevistados. Lo mismo sucede con el tema de las Malvinas.