Diputados federales de PRI, PAN y PRD, así como la dirigencia del tricolor, exigieron el rápido esclarecimiento del asesinato de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Específicamente, los diputados panistas –que atribuyeron la masacre a una “guerra entre cárteles para enviar un mensaje de terror”– exigieron reforzar la seguridad para los cuatro candidatos presidenciales, así como capacitadores y funcionarios de casilla.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Agustín Castilla Marroquín (PAN), dijo que los partidos y candidatos deben solicitar al gobierno federal y a los municipios donde realizan giras el apoyo de la fuerza pública, porque no podemos exponerlos o que se cometan actos que inhiban la participación de la ciudadanía.

Por su parte, el vocero de la dirigencia nacional del PRI, Eduardo Sánchez, lamentó el crimen y demandó que se castigue a los responsables. Dijo que en el contexto de las campañas este hecho no puede politizarse. Todos debemos estar atentos y unidos para erradicar esta crueldad de los crímenes, porque ocurren en prácticamente todo el país.

En San Lázaro, el vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, Jorge Carlos Ramírez Marín, lamentó que cada vez más los asesinatos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada se han recrudecido. No tienen precedentes y aun así no escuchamos al gobierno aplicar algún tipo de acciones.

La violencia, agregó, ha llegado a todos los estados y la ciudadanía exige justicia y que se frente la cadena de asesinatos. Tal vez porque, dijo, el gobierno apueste a que nos acostumbremos y creamos que sólo algunos estados existe violencia, cuando sucede en todo el país y la gente no deja de alarmarse.

Mientras, el panista Gustavo González afirmó que más allá de las competencias judiciales, el gobierno federal y el de Nuevo León están obligados a colaborar en la investigación y encontrar a los responsables, porque no se puede dejar que el crimen organizado controle los estados.

Finalmente, la diputada Enoé Uranga (PRD) concluyó que este tipo de asesinatos devela la imposibilidad del gobierno para proteger al pueblo y que cada vez con mayor frecuencia se asesine a ciudadanos, periodistas y defensores de los derechos humanos.