Gabriel Quadri de la Torre participó en la elaboración del programa de desarrollo sustentable de Felipe Calderón durante su campaña presidencial, pero antes, como presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE), entre 1994 y 1997, autorizó el club de golf en Tepoztlán, que se convirtió en conflicto social, y el confinamiento de desechos peligrosos de Guadalcázar, San Luis Potosí, que después fue clausurado, por lo que México tuvo que indemnizar a la empresa Metalclad con 6 millones de dólares; además es socio de un ex funcionario del Gobierno del Distrito Federal en la empresa Sigea, que hizo la manifestación de impacto ambiental de la Supervía y del proyecto Ciudad Progresiva, en Xoco.

El candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la Presidencia de la República es amigo de Martha Delgado, titular de Medio Ambiente del GDF, con quien compartió desde la década de los años 80 el interés por los temas ambientales. Se sumó al equipo de Julia Carabias como director general de Normatividad y después como presidente del INE, cuando ella era secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Rompió en 1997 con Carabias y su grupo por diferencias y excesivo protagonismo, señalan activistas.

A su paso por el INE, cuando el organismo se encargaba de recibir, evaluar y otorgar las autorizaciones ambientales a los proyectos, dio permiso en 1995 para que se estableciera un club de golf en el parque nacional de Tepoztlán. La autorización a la manifestación de impacto ambiental (MIA) la otorgó directamente en un fin de semana, luego de que se reunió en Los Pinos con el entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea. Ello ocurrió cuando en el instituto había un rezago de al menos un año en las autorizaciones, sostiene Raúl Benet, uno de los integrantes del comité de unidad de Tepoztlán.

Sobre la autorización de la MIA para el parque, Quadri declaró que si la ley se aplicara de manera estricta, todas las casas tendrían que presentar un estudio de impacto ambiental (La Jornada, 23/9/1995). Ese permiso se convirtió en conflicto mayor, que llevó a la muerte al campesino Marcos Olmedo Gutierrez, asesinado en abril de 1996. Durante un año hubo barricadas en el pueblo, fue destituido el presidente municipal y se eligió otro por usos y costumbres. Además se implantó un sistema de vigilancia parecido a la policía comunitaria. Al final se canceló el plan de la empresa KS, relata Benet.

En el municipio de Guadalcázar dio permiso para un confinamiento de residuos peligrosos, donde se depositaron, entre 1990 y 1991, 55 mil tambos de desechos sin manejo adecuado. Incluso Greenpeace presentó una denuncia penal contra Quadri por esa autorización. De acuerdo con el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México debió indemnizar a la empresa estadunidense Metalclad con 6 millones de dólares, luego de que el sitio fue clausurado.

Es socio fundador, junto con Alejandro Nyssen (quien ya no aparece en el directorio) de la empresa Sigea, misma que realizó la MIA de la Supervía.

Nyssen era al mismo tiempo director de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del GDF y dejó el cargo nueve días antes de que se aprobara la MIA, menciona Cristina Barros. Este funcionario incluso pidió en una carta que no se hiciera la consulta del proyecto, aunque la legislación lo estipula, precisa.