Madrid, 16 de mayo. La organización separatista vasca ETA nombró una delegación para iniciar un diálogo directo con los gobiernos de Francia y España, con el objeto de avanzar en el proceso de pacificación abierto en la región desde la declaración del cese definitivo de la violencia del pasado 20 de octubre. El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, rechazó cualquier negociación con ETA, a la que le exigió su disolución.

En un comunicado enviado a la agencia de noticias France Press, ETA también reclama la implicación de la Unión Europea (UE) para poner fin al conflicto armado. Según ETA, en estos momentos hay condiciones suficientes para abordar la Declaración de Aiete en su integridad, para evitar demorar la solución y en consecuencia crear situaciones de bloqueo perjudiciales.

La llamada Declaración de Aiete es la que se dio a conocer el pasado 18 de octubre en San Sebastián, dos días antes de que se anunciara la final de la violencia, en un acto presidido por el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan y amparado por seis líderes internacionales, entre ellos el ex primer ministro irlandés, Bertie Ahern.

En la resolución, que contó con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos vascos, se explicaba que para alcanzar la paz definitiva según la experiencia en otros conflictos era vital abordar dos cuestiones: la política y la armada o militar. De hecho, en dicha declaración se exigió a ETA un comunicado con el anuncia del cese de la violencia -que se produjo dos días después- y que mostrara su voluntad de diálogo con los gobiernos de Francia y España en asuntos exclusivamente del conflicto. Es decir, la situación de los presos, el desarme y la desactivación de sus comandos. La parte política se abordaría desde otra perspectiva y teniendo como protagonista a los actores políticos.

A juicio de ETA, en estos momentos se dan las condiciones para avanzar en el sentido de la Declaración, al coincidir por primera vez en la historia una voluntad por parte de ETA de abandonar la lucha armada y, por otra, la casi unanimidad de los partidos políticos y sindicatos vascos para iniciar un diálogo que ponga fin al histórico conflicto. La excepción es el derechista Partido Popular (PP en el poder), que hasta el momento se ha negado a participar en los actos de pacificación.

En este sentido, ETA advierte en su comunicado que la comunidad europea y el conjunto de instituciones de Europa tienen ante sí el reto de apoyar e impulsar el proceso abierto para dar una una solución definitiva a este conflicto que perdura en el corazón de Europa. Y añade que, por su parte, ya respondió positivamente a las exigencias del grupo de líderes intermediarios para avanza en la negociación, mostrando su total compromiso con el proceso de soluciones y con la paz. Demorar la solución no es beneficioso para nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales, afirma.

La respuesta del ministro del Interior español, Jorge Fernández, fue tajante: Que anuncie no sólo que cesa definitivamente su actividad terrorista sino que deja de existir como organización y que desmantela todas sus estructuras. Sabemos perfectamente cómo está ETA y mantiene una estructura larvada en la clandestinidad, especialmente en el sur de Francia.

El político español también arremetió contra el colectivo de presos de ETA: La diferencia de los presos con las víctimas de los asesinos de ETA es que ellos van a visitarles a los cementerios. No se va a bajar a negociar jamás con una organización terrorista y conviene que ustedes se lo hagan saber, ya que el peor enemigos de los presos y de sus familias es la propia banda terrorista.

El diputado independentista vasco de Amaiur, Iñaki Antigüedad, interpeló al ministro del Congreso de los Diputados: ¿Por qué ustedes se sienten políticamente más incómodos en 2012 que en 2009? No se puede obviar la dimensión política, usted dirá que insuficiente pero es un paso más. A lo que el ministro le volvió a responder con un no rotundo: La sociedad exige a ETA su disolución incondicional y que deje las armas. El gobierno no necesita verificadores internacionales para saber si entrega las armas, nos basta con la Guardia Civil y la Policía.