Ante las divergencias entre el informe presentado por autoridades del estado de Chihuahua sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y el seguimiento de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, las diputadas federales emplazaron a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno a demostrar con documentos oficiales que realmente hay un avance en el cumplimiento de la sentencia.

La diputada panista María Antonieta Pérez Reyes propuso que al reporte se integraran documentos oficiales que avalen el cumplimiento y no interpretaciones ni presentaciones en Power Point.

Afirmó que de por sí la clase política sin distingos tenemos muy poca credibilidad, esto se acentúa cuando las autoridades (del gobierno de Chihuahua) tienen una interpretación de sus avances y en la comisión tenemos resultados diferentes.

Por ello los participantes de la reunión de trabajo acordaron efectuar un encuentro el mes próximo entre un grupo formado por la comisión, autoridades y miembros de la sociedad a fin de elaborar entre todos un documento final sobre el caso, el cual se entregará al organismo internacional como parte de los resultados de la comisión especial y servirá de base para que los integrantes de la próxima legislatura den seguimiento puntual.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno de esa entidad, Raymundo Romero Maldonado; el agente del Ministerio Público y Litigación Oral de la Fiscalía General del estado, Rodrigo Caballero; el fiscal especial de Atención a Mujeres Víctimas de Delitos de Género, entre otros funcionarios, así como activistas y defensores como Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y el abogado David Peña.

Las acciones enumeradas por las autoridades no fueron consideradas como avances sustanciales en lo mandatado por la Coidh, según expresaron en sus críticas las legisladoras y los miembros de la sociedad presentes, cuyos cuestionamientos fueron respondidos de manera general.

Sobre el estado de las averiguaciones de los tres casos (Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González), Rodrigo Caballero se limitó a decir que en el caso de la primera se agotaron las líneas de investigación y una persona está sujeta a proceso penal.

En el caso de Laura Berenice Ramos, indicó que las investigaciones están muy avanzadas y del de Claudia Ivette González dijo que es muy complejo y se trabaja agotando líneas de investigación surgidas de su entorno laboral.

De acuerdo con el académico Carlos Echarri, los asesinatos de mujeres en esa entidad se han incrementado en poco más de mil por ciento entre 2007 y 2010.