Saltillo, Coah., 19 de mayo. En noviembre de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisar y atender las condiciones de funcionamiento de más de 250 pocitos de carbón establecidos en Coahuila en forma ilegal, donde se emplea a niños y adolescentes y los obreros carecen de prestaciones sociales.

En su informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila, la CNDH identifica a los pocitos como tiros verticales que miden de 20 a cien metros de profundidad en los cuales se trabaja de forma rudimentaria y donde los mineros deben laborar agachados durante un periodo mayor a 10 horas, con escaso equipo de seguridad y sistemas de ventilación altamente deficientes.

Para los empresarios, “los pozos de carbón representan el medio más barato para extraer el mineral, no sólo porque requieren poca inversión, sino porque saben que la población necesita empleo, por precario que sea. Aunado a ello, la evasión de las aportaciones de seguridad social es otra práctica común de los empresarios que explotan pocitos”, denunció la CNDH.

“El trabajo se torna esclavizante e inseguro y genera daños irreparables, como lesiones permanentes o la pérdida de la vida, y el patrón no se hace cargo de los siniestros. Es cuestionable que la operación ilegal de los pocitos pueda justificarse en la generación de empleos, pero también se manifiesta como una expresión de que se no se valora la vida de los trabajadores”.