La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) comenzó una investigación de oficio por los hechos que provocaron la consignación de seis policías de investigación, detenidos junto con otros seis agentes la semana pasada en la delegación Venustiano Carranza acusados de secuestrar a tres personas, así como por la inhabilitación del director de inteligencia policial, Fernando de Anda Ríos, y exigió a la Procuraduría General de Justicia capitalina investigar a fondo el caso para evitar la impunidad.

El organismo defensor de las garantías individuales señaló que seis de los agentes aprehendidos en esos hechos el pasado 15 de mayo también son señalados en igual número de quejas, cuya investigación comenzó la comisión por denuncias ciudadanas –dos en 2011 y cuatro en 2012– en las que se señala la mismo pauta de conducta: “las personas son detenidas en la vía pública, se les extorsiona solicitándoles sumas de dinero y en caso de no proporcionarlo se les vincula con hechos delictivos”.

No estamos frente a un caso aislado. El año pasado la CDHDF emitió la recomendación 8/2011 por detención arbitraria, extorsión y tortura de tres jóvenes imputable a elementos de la policía de investigación, dijo.

Asimismo, destacó que uno de los agentes policiales hoy consignado fue reconocido como uno de los que detuvieron de manera arbitraria y torturaron a personas señaladas como víctimas en su recomendación 10/2007.

Por ello la CDHDF expresó, mediante un comunicado, que resulta impostergable el inicio de un proceso serio que reforme a la policía de investigación de la PGJDF, pues los hechos recientes de corrupción policial son muestra de que no se trata de casos aislados.

El organismo recordó que desde hace dos años solicitó a la procuraduría el diseño de procedimientos, o que se modificaran los ya existentes, para garantizar la prevención, evaluación, identificación y alerta temprana de conducta indebida o ilegal de la policía y el Ministerio Público, según se asentó en la Recomendación 8/2011, así como la elaboración del manual jurídico operativo de la policía de investigación, que a la fecha no sea ha emitido.

La comisión destacó que al no investigar, procesar y sancionar a los policías involucrados en abusos de poder se genera un espacio de permisividad e incluso hasta de complicidad de la institución, y ejemplificó con el caso de un policía ministerial que participó en actos de incomunicación y tortura contra las víctimas señaladas en su recomendación 12/2011, y que en ese momento estaba vinculado con 29 procedimientos de investigación de orden penal y 16 de tipo administrativo.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos local reconoció algunos esfuerzos de la PGJDF por reformar los cuerpos policiacos –como los exámenes de control de confianza–, estas iniciativas, señaló, no han brindado los resultados esperados, particularmente porque no se han traducido en el diseño de un nuevo modelo de la institución policial.

La defensa de los policías consignados asegura que quienes los acusan son integrantes de bandas de secuestradores y que los han inculpado para desviar la atención de sus casos.