El proyecto de Reglamento de la Ley de Migración pondera la situación de inseguridad que vive el país por lo que incluye diversos mecanismos para atender a los extranjeros víctimas de la violencia, incluidas las personas en situación migratoria irregular.

El extranjero víctima de delito grave podrá solicitar refugio o podrá permanecer legalmente en México; también tendrá derecho a participar en el procedimiento penal respectivo (derivado de una denuncia de delito) y hasta recibir asistencia para retornar a su lugar de origen.

En el apartado dedicado a la protección a migrantes se incluye como obligación de las autoridades dar aviso de inmediato a las instancias de procuración de justicia cuando detecten que un extranjero es víctima potencial de algún delito.

Los extranjeros víctimas de delitos graves tendrán derecho a que se les brinde protección a su integridad y pleno respeto a sus derechos humanos.

Por tanto, indica el artículo 145 del proyecto, los extranjeros deberán ser dirigidos inmediatamente para atención médica y sicológica; se les deberá proporcionar información respecto de su acceso a la procuración de justicia; se protegerá su identidad y datos personales, y se les brindará asistencia migratoria.

En caso de que el extranjero se encuentre de manera regular en el país, se le solicitará que acredite su estatus y, si así lo desea, se le podrá canalizar a alguna institución pública o privada especializada que pueda brindarle la atención que requiera.

Cuando el extranjero esté en situación migratoria irregular –situación conocida como ‘indocumentado’– será trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), para analizar y resolver su situación migratoria.

En caso de que sea menor de edad, deberá ser atendido por personal del INM especializado en la protección de la infancia y capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes. De igual forma, serán dirigidos de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o a alguna otra institución pública o privada que pueda brindarle atención en tanto se resuelve su situación migratoria.

Si el extranjero manifiesta su voluntad de solicitar refugio, el INM deberá notificar a la autoridad competente para que se inicie el procedimiento.

Las autoridades mexicanas –resalta el proyecto– deberán actuar con base en la decisión del extranjero víctima del delito.

En todo caso, el INM deberá participar inmediatamente a la autoridad ministerial respectiva cuando tenga conocimiento de la probable comisión de delitos que se persigan de oficio, en términos de las disposiciones aplicables, informándole sobre su derecho a formular la denuncia o querella correspondiente, se indica.

El documento se encuentra en la última fase de revisión administrativa antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, en consecuencia, su entrada en vigor para fijar las normas operativas de la entrada, tránsito y salida de extranjeros de territorio nacional.

El concepto y articulado del proyecto fue elaborado en diciembre de 2011 y su revisión final de estilo concluyó el pasado jueves. Como se ha difundido, el reglamento debió haber quedado listo en noviembre pasado, por lo que ya tiene medio año de atraso, según lo estipulado en mayo de 2011, cuando entró en vigor la Ley de Migración, la primera en su tipo en México.

A partir de esta semana, y en el transcurso de junio, los interesados en el tema migratorio podrán expresar sus opiniones y sugerencias acerca de este reglamento, actualmente en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.