México no cuenta con información federal puntual sobre el número de víctimas de feminicidio, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene cifras sobre homicidios desagregados por sexo, pues no distingue cuántos de ellos pueden ser considerados como tal, señala el Segundo informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Belem do Pará, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

En lo que toca a información y estadísticas sobre violencia contra las mujeres, particularmente el feminicidio, el informe refiere que, a pesar de que se les había solicitado en la primera Ronda de Evaluación (2010), los estados parte (de manera general) no aportan información desagregada por edad, estado civil o ubicación geográfica y que ésta proviene fundamentalmente de medios de comunicación.

Dicha estrategia “fue primero usada por las organizaciones de la sociedad civil como alternativa a la falta de cifras oficiales. El uso del conteo en los medios de comunicación de los casos de muertes violentas de mujeres puede ser una medida temporal mientras se implementan registros oficiales, o incluso una medida alternativa al conteo oficial a fin de contrastar las cifras, pero esto de ninguna manera puede remplazar los datos oficiales que deberíaan proveer los estados.

Dichos datos tienen que emerger de los registros de la policía, de los tribunales y fiscalías y de los servicios de salud, señala el documento, realizado por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, financiado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.

El reporte analiza, a partir de 14 indicadores, el cumplimiento de los 32 países que ratificaron dicho instrumento internacional.

México tampoco proveyó información sobre el número de procesos de violencia contra las mujeres iniciados respecto del número de denuncias, así como de procesos con sentencia condenatoria respecto de la cifra de denuncias, ni sobre el número de procesos de feminicidio con sentencia condenatoria en torno a la cantidad de casos registrados.

En el apartado de acceso a la justicia, se señala que todos los estados de la República prevén medidas de protección para víctimas, familiares o testigos a excepción de Chihuahua, entidad emblemática por los feminicidios en Ciudad Juárez.

Sobre los mecanismos para hacer efectivas medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia, únicamente el Distrito Federal considera fondos para traslados y mecanismos de rescate de mujeres.

Cambio de identidad, protección de testigos o salvoconductos para salir del país, no se mencionan.