Establecer el principio precautorio sobre el cultivo de soya transgénica en Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca, donde hay solicitudes para la siembra en 253 mil hectáreas, demandó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS). Advirtió que el cultivo no se debe autorizar, porque esa actividad afectará la diversidad de especies de abejas, de las cuales en el país hay mil 800 variedades nativas.

En una carta dirigida a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Economía, científicos de universidades y centros públicos de investigación, especialistas en ecología y manejo de las abejas consideraron que esa siembra afectará la calidad y el mercado de la miel, con consecuencias económicas, sociales y ambientales, así como para la salud de esos insectos.

Recordaron que México es el sexto productor y tercer exportador mundial –85 por ciento de la producción se va a la Unión Europea–, por lo que 40 mil apicultores y sus familias dependen de esta producción. Además, agregaron, una decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2011 obliga a que la miel de México que se exporte a esa región esté libre de polen de cultivos transgénicos.

Hay trabajos científicos que indican que la siembra de soya transgénica, entre otros cultivos de este tipo, conlleva riesgos como la presencia de polen de ellos en la miel, lo cual hará prácticamente imposible su comercialización, y además se afecta la salud de las abejas melíferas y nativas.

Agregaron que con base en declaraciones internacionales, como la de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y de leyes mexicanas como la de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, antes de darse el cultivo de soya transgénico se debe aplicar el principio de precaución, para evitar poner en riesgo a las abejas nativas de México y a la apicultura del país, buscando así proteger sus roles económico, social y ambiental.

Precisaron que la ley de bioseguridad establece que los conocimientos, las opiniones y la experiencia de los científicos, particularmente los del país, constituyen un valioso elemento de orientación para que la regulación y administración de las actividades con organismos genéticamente modificados se sustenten en estudios y dictámenes científicamente fundamentados, por lo que no dudamos que nuestra opinión lleve a la decisión de no aprobar la solicitud mencionada.