México enfrenta carencias legislativas y judiciales para la erradicación y sanción de la desaparición forzada de personas. Hay apenas dos sanciones penales por ese delito, considerado de lesa humanidad por diversos organismos mundiales, señalaron especialistas internacionales en el tema.

Alán García, miembro de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Santiago Corcuera, ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, demandaron al Estado mexicano emitir una legislación penal integral en la materia que se aplique en todo el país y cumpla con los estándares globales.

En la mesa de discusión ¿Por qué es necesaria ya una ley contra la desaparición forzada en México?, efectuada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), García subrayó que desde los años 80 a 2010, el grupo de trabajo de la ONU ha advertido al gobierno mexicano de 462 casos de desaparición forzada.

Agregó que en el país hay una prevaleciente impunidad en torno a ese delito, pues sólo hay dos sanciones penales por hechos relacionados con el mismo.

Sólo la tercera parte de las entidades lo han tipificado

Lamentó que sólo la tercera parte de las entidades federativas del país hayan tipificado en sus legislaciones locales el delito de desaparición forzada, pues en el resto las investigaciones al respecto –cuando se llegan a seguir– se realizan por secuestro, extravío u otra figura jurídica. Sin embargo, aun cuando está tipificado, el fraseo que han adoptado no es compatible con los más altos estándares internacionales.

El especialista enlistó los puntos que en su opinión debe contener la ley federal contra la desaparición forzada. Entre ellos destacan: considerarla un delito permanente hasta no saber el paradero o lo que sucedió a la víctima; que los involucrados en estas violaciones sean castigados con penas adecuadas a la extrema gravedad de la conducta; garantías contra la impunidad, y que no prescriba.

El primer paso para erradicar ese delito es la aprobación de una ley penal e integral. Sin embargo, el gran reto será la aplicación efectiva de la misma, para lo que se requieren fuertes dosis de voluntad política, de las que el Estado debe dar muestra y no se han manifestado históricamente en México.

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, indicó que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática implementada por el Estado mexicano desde hace varias décadas.

Aseguró que durante la administración de Felipe Calderón la cifra es alarmante. Hasta marzo de 2011 se estimaban en 3 mil las personas detenidas-desaparecidas. Pero hoy se habla de más de 18 mil y algunas organizaciones consideran que pueden ser hasta 30 mil.

Corcuera propuso adaptar la Constitución para que pueda concretarse una ley general contra ese ilícito, basada en las normativas internacionales que México está obligado a cumplir. Esa ley, dijo, debe determinar lineamientos a los que todas las legislaturas estatales deban someterse.

Subrayó que las autoridades no pueden considerar que el delito cesa hasta que no se sepa qué le pasó a la víctima o dónde está; además, se debe garantizar la personalidad del desaparecido para presumir que está vivo durante todo el proceso.