Para el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta –integrado por gobernadores y representantes del pueblo huichol– que durante alrededor de dos años se ha movilizado para detener los proyectos mineros en su territorio sagrado, la determinación del gobierno federal se debe a la coyuntura política y advirtieron que no fueron consultados, como establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Santos de la Cruz, del consejo regional y autoridad agraria de Bancos de San Hipólito Durango, dijo que el gobierno federal únicamente dialogó con la asociación civil Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit Asociación Civil, creada por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo gubernamental.

Recordó que hay un amparo que ordenó la suspensión provisional a cualquier actividad de First Majestic que pretendía explotar concesiones en el territorio sagrado de Wirikuta y que será en tribunales donde se decida el destino del proyecto. Aseveró que las concesiones de esa empresa afectaban 6 mil hectáreas del territorio sagrado, pero el que tendrá mayor impacto es el de Revolution Resources, con su proyecto Universo, el cual tiene 59 mil del total de 140 mil hectáreas con que cuenta el área natural protegida de Wirikuta, decretada por el gobierno de San Luis Potosí. Hay un engaño al pueblo wixárika, señaló.

Las concesiones deben ser revocadas por vía judicial por lo que el anuncio del gobierno federal es un acto administrativo, ante la coyuntura política. Causa mucha sorpresa. El gobierno legitimó a una asociación civil y todo lo canaliza por ese conducto, pero no representa a la comunidad. Para eso están los gobernadores de las comunidades. Es un acarreo más del Estado y quiere ganarse el crédito en esta coyuntura.

Desde ayer se realizan asambleas entre los gobernadores y que este viernes darán a conocer su posición sobre el anuncio. Sin embargo las amenazas para el territorio sagrado continúan, con el proyecto Universo y con las empresas jitomateras agroindustriales que han desmontado varios predios ubicados dentro de la Reserva –sin contar con estudios de impacto ambiental– y ello ocurre en zonas de gran valor del entorno, donde crece el peyote y otras cactáceas protegidas por las leyes mexicanas.