Bruselas, 25 de mayo. Tras casi dos meses de tensiones diplomáticas por la nacionalización de la petrolera Repsol-YPF por parte de Argentina, la Unión Europea (UE) concretó hoy la primera medida contra el país al impugnar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) las restricciones de importación aplicadas por Buenos Aires. La presidenta argentina, Cristina Fernández, rechazó este viernes la denuncia de proteccionismo, al sostener que su país aplica aranceles inferiores a los de las naciones desarrolladas.

El ejecutivo de los 27 socios comunitarios no menciona en el pliego de cargos la nacionalización de 51 por ciento de acciones de Repsol-YPF, aunque la lectura política entre bastidores se relaciona con este caso, que irritó a España y a la UE, que consideran que Argentina violó la necesaria garantía jurídica de las inversiones extranjeras en ese país.

La Comisión Europea dijo que Argentina ha puesto en marcha medidas restrictivas, incluyendo un régimen de licencias de importación no automáticas y una obligación a las empresas para equilibrar las importaciones con las exportaciones.

Las restricciones de Argentina a la importación infringen las normas del comercio internacional y deben ser eliminadas, dijo el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en un comunicado. Estas medidas están causando un daño real a las empresas de la UE, dañando puestos de trabajo y a nuestra economía como un todo, agregó.

La medida generó el viernes una respuesta de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que acusó a Europa de imponer aranceles superiores al 100 por ciento para la importación de algunos alimentos. “Tenemos una política que protege a nuestro trabajo, a nuestros empresarios, a nuestra economía. Es como si hubiera un proteccionismo ‘legal’, el de los (países) desarrollados, y un proteccionismo ‘populista’, el de los emergentes”, señaló Fernández durante un acto en Argentina.

La demanda presentada hoy es el corolario a largas semanas de intenso cabildeo por parte de España, no solo ante la UE, su aliado tradicional en tanto que socio del bloque, sino también ante la OMC e incluso entre bastidores de la Casa Blanca.

A pesar de que se trata de una empresa privada, España convirtió en cuestión nacional la expropiación. El mes pasado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió al gobierno argentino de que cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol y su filial YPF sería considerada una agresión contra España.

Las restricciones a las importaciones que aplica Argentina han causado críticas de 19 miembros de la OMC, incluidos países de la UE, además de Estados Unidos, Japón, México y Panamá.