Como parte de la pesquisa que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) desarrolla contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández y Manuel Cavazos Lerma, elementos de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI) emprendieron operativos en Ciudad Victoria y Matamoros, para localizar y presentar a ex funcionarios y empresarios de esa entidad por sus presuntos vínculos con los cárteles del Golfo y de Los Zetas, informaron funcionarios federales que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las acciones, efectuadas entre jueves y viernes pasados, indicaron los entrevistados, derivaron en la retención y probable arraigo de Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario y ex tesorero del municipio de Matamoros durante la presidencia municipal de Yarrington, de 1993 a 1995.

Fuentes de la Siedo indicaron que los ex gobernadores y al menos cuatro personas más no han sido localizados –entre ellos Seyed Mohamed Farough Fatemi y Eduardo Rodríguez Berlanga–, pero ello no significa que las autoridades mexicanas ya hayan obtenido alguna orden de aprehensión en su contra, luego de que personas como Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky, quien formó parte de Los Zetas, se convirtiera en testigo protegido y declara contra los ex gobernadores y algunos de sus colaboradores.

Los operativos de búsqueda ocurrieron en los fraccionamientos Las Palmas y La Misión; éste se localiza a 200 metros de la casa de gobierno de Tamaulipas. Los agentes federales no pudieron cumplimentar los mandamientos ministeriales en Ciudad Victoria.

En Matamoros, Rodríguez de la Garza, empresario y político que se afilió al PRI en 1975, formó parte de varias campañas políticas, entre ellas una de Yarrington. Fue jefe de la Oficina Fiscal de Matamoros y director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del gobierno del estado entre 2001 y 2004.

Rodríguez de la Garza fundó Ferretera Industrial Rodríguez, una de las principales proveedoras del ayuntamiento y empresa dedicada a la compraventa de bienes raíces, situación que, según el gobierno estadunidense, le permitió lavar recursos procedentes del narcotráfico y adquirir un condominio en Bridgepoint en isla del Padre, según la acusación civil número 12-CV 167, promovida ante una corte de Texas.

La información obtenida por autoridades estadunidenses ha sido compartida con la Siedo para que ésta continúe con la integración de su averiguación previa en la que se indaga también por lavado de dinero y delincuencia organizada a Fernando Cano Martínez, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y primo de Marcia Cano, esposa del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, a quien se le relacionó con la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y ex gobernador de Guerrero.

Cano Martínez, otro de los mencionados como operadores financieros del cártel del Golfo al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, posee, entre otras constructoras, la compañía Santa María de Aguayo, la cual floreció durante la gestión de Manuel Cavazos Lerma (1993-1998), ya que se le adjudicaron los contratos para modernizar las principales carreteras de la entidad.

Se asoció con el ex gobernador Eugenio Hernández –también bajo investigación– en la empresa Golfo Laguna. En la constructora Tohesa fueron socios hasta el 11 de julio de 2010 con el actual gobernador Egidio Torre Cantú.