El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está a un paso de retirar al estado de México el subsidio de apoyo a seguridad pública, ya que el gobierno de esa entidad se niega a que funcionarios estatales –el secretario general de Gobierno, el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad y responsables de las policías preventiva y de investigación– sean certificados en un centro nacional de evaluación, informó Óscar Vega Marín, titular de la instancia federal.

El gobierno mexiquense ha insistido en que la evaluación de control de confianza de los altos mandos no debe hacerse a nivel federal, aun cuando dicta el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Público; la disposición ha sido cumplida por las otras 31 entidades, señaló.

Si no llegamos a un acuerdo con el gobierno del estado de México podría caer también en incumplimiento de los requisitos y no tener acceso a estos fondos, expuso Vega Marín en conferencia de prensa, tras inaugurar una reunión entre los consejos estatales de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación.

Vega Marín añadió que se va a trabajar en poner orden administrativo respecto de la entrega y el ejercicio de los recursos federales ante la inminencia del cambio de administración nacional (que concluye el próximo 30 de noviembre).

Agregó que uno de los objetivos de la presente administración es entregar cuentas claras también respecto de la distribución y el ejercicio de los fondos y subsidios federales que otorga el gobierno de la República a los gobiernos locales en materia de seguridad pública, y como todos ustedes saben se han venido incrementando de manera relevante cada año, pasando de 6 mil millones de pesos a prácticamente 18 mil millones en lo que va de este sexenio.

Vega Marín destacó que de acuerdo con los resultados de los exámenes de confianza, 30 por ciento de los procuradores y secretarios de seguridad pública y de los policías del país reprobarán las pruebas poligráficas, toxicológicas, médicas, sicológicas o de entorno social (patrimonio).

Afirmó que de un universo de 500 mil personas, 175 mil policías y mandos han sido sometidos a exámenes de confianza, y de ellos unos 55 mil han sido declarados no aptos.