San Cristóbal de las Casas, Chis. 2 de junio. En torno a los recursos de la selva Lacandona y su manejo existen dos posiciones fundamentales, de acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco: Quienes consideran que la naturaleza debe ser conservada y no hay espacio para grupos humanos, y que sitios como la Lacandona valen a partir de su mercantilización, donde las comunidades locales tienen poca participación en la toma de decisiones respecto a los recursos que hay en sus territorios. Esa visión conservacionista sólo tiende a recuperar lo local, porque han descubierto que se puede comercializar en un esquema globalizado: ecoturismo, bioprospección, monocultivos. Proyectos de este tipo son presentados como opciones productivas que garantizan el cuidado del medio ambiente, pero en realidad lo que buscan son el saqueo y la explotación de las comunidades locales.

La segunda posición sería lo contrario, apunta la investigadora Adriana Gómez Bonilla: Es la visión de la autonomía, la cual critica el neoliberalismo y considera que los actores locales tienen que ser quienes decidan cómo utilizar los recursos, pero sobre todo cuáles serían las estrategias para conservarlos, al mismo tiempo que se respeta la forma en que interactúan con el ecosistema.

La disputa entre las dos posiciones se incrementa cada vez más, ya que los conservacionistas tienen prisa, añade Gómez Bonilla. Sin embargo, la resistencia de las comunidades zapatistas es mayor. Ante los fracasos por desalojar a las comunidades y así lograr apoderarse de los recursos naturales y su conocimiento, los intereses conservacionistas, en complicidad con el gobierno mexicano, han optado por la violencia en forma de militarización, argumentando un aumento dramático en las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico.

Un buen ejemplo de la posición conservacionista lo proporciona la monografía Usumacinta. Bases para una política de sustentabilidad ambiental, editada por Julia Carabias y Javier de la Maza (Natura y Ecosistemas Mexicanos e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2011). Parte de la premisa, predecible y fundada, de las tendencias muy alarmantes de deterioro ambiental, que deben ser atendidas con urgencia. Siendo sus autores ex funcionarios ambientales y actores activos en el manejo actual de la selva Lacandona y Montes Azules, la publicación, impactante por su contenido visual, puede ser interpretada también como un proyecto político, una propuesta para el próximo gobierno.

Registrando en amplitud la cuenca del gran río mesoamericano, el volumen propone líneas estratégicas de acción inmediata para las unidades socioambientales de la región selvática mexicana, luego de analizar las causas de la degradación ambiental. Aunque menciona a los pobladores de la zona, se trata de una argumentación institucional y resulta una continuación de las políticas de conservación que se ha intentado impulsar en la zona.

Si bien los conceptos de ecoturismo están ausentes en Usumacinta, cabe señalar que el organismo privado Natura, con respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es precisamente el promotor del centro turístico en la laguna de Miramar, documentado en estas páginas.

La segunda posición respecto al cuidado de la selva a la cual alude Gómez Bonilla, viniendo de abajo, enfrenta enormes desafíos y no pocas contradicciones. Su estudio (en el volumen colectivo Luchas muy otras. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, UAM, Ciesas y Universidad Autónoma de Chiapas, 2011) postula que, al retomar la tierra entre 1994 y 1998, los zapatistas iniciaron un proceso de recuperación de ecosistemas, principalmente selva alta perennifolia. Pero está dañada, “va a tardar mucho en volver a ser ‘montaña’, porque durante mucho tiempo estuvieron aquí las vacas”, expresa un poblador del municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

Entre las causas del deterioro percibidas por los indígenas están los programas gubernamentales, como el de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), Oportunidades y Procampo. Primero llegan los del mal gobierno a las comunidades y dicen que hay que aceptar el Procede, que nos va a beneficiar y que los indígenas tendrán seguras sus tierras. Pero no es cierto, porque cuando se certifica viene gente de fuera y compra las tierras, y las comunidades se tienen que ir, pero eso sí, los que compraron la tierra meten ecoturismo, biocoyotes, palma africana, y ya vendida la tierra los pueblos no pueden hacer nada. Finalmente, con el Procede las autoridades quieren que las comunidades se peleen y destruir la organización.