El presidente de la Comisión Permanente, José González Morfín, emitió ayer la declaratoria de la reforma constitucional que federaliza los delitos contra periodistas y posibilita que atentados contra instalaciones de medios de comunicación sea atraídos por autoridades federales. Lo anterior ocurrió una vez que se recibieron los oficios de 16 congresos estatales que aprobaron esos cambios a la Carta Magna.

La Comisión Permanente remitió la reforma al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Con los cambios a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, los periodistas cuentan con un contexto más amplio de protección en los momentos en que la violencia ha ubicado a México como el país más peligroso de América Latina y el quinto en el mundo para practicar el periodismo, recalcó en tribuna el diputado del PRD José Luis Jaime Correa.

Sostuvo: “No queremos dejar pasar la oportunidad de señalar que en materia de libertad de expresión quedan pendientes muchos temas que atender, “como son la altísima concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, el ‘duopolio televisivo’, la falta de transparencia y regulación en las concesiones de frecuencias radioeléctricas, el impulso de radios comunitarias, el excesivo gasto público en la publicidad oficial y erradicar la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y los profesionales de la comunicación.

El diputado priísta Humberto Benítez Treviño recalcó que esta es una de las reformas de mayor trascendencia para el ejercicio libre de la profesión del periodismo.

Insistió en que en los estándares internacionales tenemos el nada honroso quinto lugar en niveles de riesgo, y esto nos motiva a superar la competencia de los municipios, y de las entidades federativas para conocer denuncias en agravio a la integridad física de los periodistas, y por eso es que la Cámara de Diputados aprobó la reforma y adición a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, para dar competencia a las autoridades federales al conocimiento y atracción de los delitos que se cometen en agravio de los periodistas.

El senador Carlos Sotelo aseveró en tribuna que en nuestra opinión no fue un gran avance. Se avanzó, es importante, pero esta facultad no es en sí la federalización de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; es una acción potestativa, de atracción cuando la autoridad así lo considere, y esa facultad ya estaba antes, ya existía, cuando hay conexión con delitos federales.

Sotelo subrayó: Es una reforma que avanza, pero que debió haberse incorporado de manera más obligatoria, más precisa, porque el fenómeno de criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país es un fenómeno altamente preocupante, que no se detiene.

Los congresos estatales que ya aprobaron estas modificaciones son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.