Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobará un dictamen de la primera comisión, por medio del cual se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre el ejercicio de los 28 millones 500 mil pesos otorgados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012 para el Mecanismo de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Asimismo, la Permanente aprobará la exigencia de que se publique de inmediato la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 30 de abril y que fue enviada al Ejecutivo para su publicación.

Dicho dictamen incluye la petición a la Secretaría de Gobernación de la entrega formal de un reporte del contenido de los convenios de colaboración que se han acordado con las entidades federativas para coordinar la implementación de las medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, incluyendo información relativa a los estados que han suscrito los convenios.

También se demanda la entrega de la información relativa al proceso de implementación de medidas cautelares y provisionales solicitadas y ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

De igual forma en ese dictamen que se pondrá a votación este miércoles en la sesión, la Permanente manifestará su preocupación a fin de que las investigaciones en torno a las amenazas de muerte contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que llevan a cabo las autoridades ministeriales de los gobiernos federal y estatal de Guerrero logren la identificación de los responsables y la debida aplicación de la justicia.

La dictaminadora coincide con los legisladores proponentes (senadores del PRD), en que las medidas encaminadas a proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos no tienen aún materialización práctica en la realidad, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de los defensores y comunicadores, mediante agresiones físicas y sicológicas, amenazas y hostigamientos. Del mismo modo persiste la impunidad ante atentados o represalias denunciados ante las instancias competentes.

Respecto a las amenazas de muerte que recibió el coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien tuvo que abandonar el país ante la situación de riesgo a su integridad física, se resalta que él y su equipo de colaboradores cuentan desde 2009 con medidas provisionales en virtud del caso de la señora Inés Fernández Ortega, porque se encontraban en situación de extrema gravedad y urgencia que requería medidas de protección, a fin de evitar daños irreparables a sus derechos”.

Arzobispo de Jalapa repudia crímenes

Por otra parte, el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, condenó los asesinatos de periodistas perpetrados en Veracruz y lamentó especialmente la impunidad de que gozan quienes comenten estos crímenes, al igual que la pasividad de las autoridades encargadas de investigarlos.

Asimismo, el jerarca católico exigió a las autoridades estatales y federales establecer un protocolo de seguridad para el gremio periodístico de Veracruz, especialmente para los reporteros que cubren la fuente policiaca.

La muerte de periodistas no es otra cosa que un símbolo de la descomposición de la sociedad, dijo Reyes Larios, quien también repudió los crímenes de nueve comunicadores registrados en Veracruz durante el reciente año y medio.