La sequía afectó 40 por ciento del territorio nacional y a 48 millones personas, pero las autoridades ambientales y del sector agropecuario siguen sin coordinarse para atender la emergencia, principalmente en el norte del país, expuso Carlos Sandoval Miranda, de la asociación Anauatlali pro Derechos de la Propiedad Rural.

Señaló que el tema ambiental y de producción alimentaria sólo está en la agenda de los políticos cuando se produce una situación de catástrofe o de alteración de los ecosistemas, aunque la realidad muestra que 45 por ciento de los suelos del país tienen algún tipo de degradación y 64 de las 174 áreas naturales protegidas están en riesgo por la sequía.

Urge –dijo– que la conservación ambiental vaya de la mano con las actividades económicas de alto impacto a la comunidad; no habrá avances mientras por un lado se quiera sacar provecho de lo ambiental y por otro se continúen utilizando agroquímicos e insecticidas y se siga avanzando en la siembra de transgénicos sin considerar los efectos al medio ambiente. No se trata de la simple suma de ambos, sino de una multiplicación de posibilidades para beneficio de los agro productores.

Ivan Barreiro Díaz, investigador del Tecnológico de Monterrey, advirtió que la paciencia de la población está al límite; la autoridad debe atender las demandas y propuestas de los afectados. Las autoridades deben recuperar la confianza de los ciudadanos, y por ello su actuación para atender los efectos por los fenómenos climatológicos debe ser más dinámica.

Seguimos con acciones predominantemente reactivas; la situación de sequía en el norte demanda realizar una ingeniería de costos para evaluar si es conveniente construir más embalses o mantener la infraestructura existente, mientras en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas hay que impulsar mayores polos de desarrollo para beneficio de la población, asentó.