odavía en funciones de secretario de Hacienda, allá por septiembre de 2009, Agustín Carstens aseguró ante diputados de la Legislatura entrante, la LXI, que en materia impositiva el inquilino de Los Pinos y la propia dependencia responsable de los ingresos nacionales definitivamente no estamos protegiendo intereses ni otorgando privilegios fiscales. Lo repitió su sucesor, el brillante y articulado Ernesto Cordero, y antes del doctor catarrito, palabras más o menos, en el mismo sentido se pronunciaron seis titulares del ramo (de Gustavo Petriccioli, con Miguel de la Madrid, a Francisco Gil Díaz, con Vicente Fox).

Año tras año, cuando menos en los pasados 30, se escucha tal pronunciamiento por parte del titular de Hacienda en turno, pero también año tras año se documenta, y no gracias a la apertura informativa del gobierno federal, que en realidad si algo hacen en Los Pinos y en la SHCP es, precisamente, proteger intereses y otorgar privilegios fiscales. No es novedad, pero “la Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados la persistencia de la práctica de devolución de impuestos a grandes contribuyentes. De la recaudación de las grandes empresas en el país (…) fueron reintegrados 174 mil 228 millones a 2 mil 550 importantes consorcios. En su informe de la cuenta pública de ese año, el ente fiscalizador ubicó las devoluciones en los sectores cementero, minero, producción de vehículos automotores, refresqueras, cerveceras, maquiladoras de electrodomésticos, alimentos enlatados, cigarreras y empresas telefónicas” (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Eso fue en 2010 (la revisión de la cuenta pública registra dos años de retraso), pero sirva lo siguiente para comparar los avances registrados en la materia, y confirmar que en Los Pinos y en Hacienda no se protegen intereses ni se otorgan privilegios fiscales: de 2001 a 2005, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el saldo de los créditos (adeudos) pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; determinó que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales; que 15 grandes contribuyentes contaban con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300.

Además, constató que tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y un solo banco 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto; 11 ingenios azucareros, con 739 créditos, adeudaban 8 mil 267 millones, y cuatro de ellos concentraban más de la mitad de los créditos y montos mencionados; en el ramo de transportes, dos empresas registraron mil 60 créditos por 5 mil 780 millones; en materia de entretenimiento y comunicaciones, cuatro clubes de futbol, con 79 créditos, adeudaban 2 mil 179 millones; una compañía editorial, con 40 créditos, debía 2 mil 675 millones, y dos cadenas televisivas registraron créditos por mil 522 millones. Se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que, en 2005, obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT.

En 2005, como en 2010, entre los beneficiarios aparecían bancos, grandes constructoras, transportistas, clubes de futbol, una compañía editorial, dos cadenas televisivas, un partido político, consorcios de entretenimiento y comunicaciones, mineras, cerveceras, refresqueras, cementeras, telefónicas y otros grandes contribuyentes. Y ¿qué hizo el inquilino de Los Pinos y el doctor catarrito para confirmar que no protegen interese ni otorgan privilegios? Sencillo: a principios de abril de 2007, la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la condonación total o parcial de los créditos fiscales, es decir, los documentados y denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, o lo que es lo mismo, les permitió no pagar sus adeudos al fisco.

Para redondear el panorama, días atrás (La Jornada, Elizabeth Velasco) se informó que “el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó por cuarta ocasión al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que difunda los nombres de las 679 mil 35 personas físicas y morales que resultaron beneficiadas con la cancelación de los créditos fiscales en 2007, por un monto de 73 mil 960 millones de pesos. Por mayoría de votos, los comisionados del Ifai retomaron el criterio de máxima publicidad que ese organismo asumió contra el SAT en 2009 y 2010 (en sus recursos 6030/09, 3880/10 y 7806/10), y a la par ordenaron difundir el número de crédito, los motivos de la generación y cancelación del crédito fiscal y el monto. Con ello, dejaron sin efecto la reserva que nuevamente había establecido el SAT por 12 años, con el argumento de que revelar los nombres de las personas beneficiadas afectaría la protección de datos y el secreto fiscal que está ‘obligado a tutelar’”.

Lástima que por razones de secreto fiscal (eso es lo que aducen) el gobierno federal no difunde los nombres de los grandes consorcios que beneficia con la devolución y condonación de impuestos, pero en este México de monopolios y oligopolios no es difícil descifrar de quiénes se trata. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación documentó los casos de dos empresas televisoras, justo en un país donde existe un robusto duopolio en ese sector, al igual que en el cervecero y el refresquero. ¿Grandes constructoras? ¿Telefónicas? ¿Cementeras? ¿Empresas de entretenimiento? ¿Mineras? Adivinen quiénes son, que sólo les tomará unos cuantos segundos, mientras ven los canales de Televisa y Tv Azteca, se toman una cerveza o un refresco de las empresas Modelo o Femsa, hablan por su celular Telcel o por el fijo de Telmex, contratan a ICA para que les construya su jacal con productos de Cemex, o se enteran de cuantos trabajadores fueron reprimidos y/o resultaron muertos en el Grupo Minero México, y etcétera, etcétera.

Las rebanadas del pastel:

Y después salen a decir que no les cuadran las cuentas. Pero será permanente, porque parte del problema es que la mayoría de los ciudadanos sólo están atentos al tema electoral; parece que no tienen más ojos ni memoria que para el asunto de las elecciones, del que están informados al minuto. Pero los ojos ciudadanos deben estar atentos permanentemente y tener un campo visual muchísimo más amplio, no sólo porque lo narrado en este espacio es un asunto recurrente que a todos daña y a muy pocos beneficia, sino porque concluido el proceso electoral suele pasar que nadie se acuerda de nada… hasta el siguiente proceso electoral.

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