a corrupción es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro tiempo, la cual representa una amenaza para los derechos y libertades fundamentales, así como para las instituciones democráticas, ya que lesiona la credibilidad y la confianza ciudadana en su propio gobierno. En décadas recientes, algunos organismos internacionales han aportado definiciones propias sobre el concepto de la corrupción: Transparencia Internacional la define como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados
, mientras que el Banco Mundial la interpreta como el abuso del poder público en beneficio propio
.
Actualmente, nuestro país enfrenta una seria problemática derivada de la corrupción y sus prácticas. De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, elaborado por Transparencia Mexicana, en ese año se registraron 200 millones de actos de corrupción, los cuales tuvieron un costo de 32 mil millones de pesos (165 pesos en promedio por soborno). Aunado a ello, de las 32 entidades federativas, sólo 16 redujeron su frecuencia de corrupción. Respecto de los 35 trámites evaluados por el estudio, 14 redujeron sus niveles de corrupción, mientras que 21 de ellos empeoraron. (http://bit.ly/mn2go2)
El pasado 17 de abril, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calculó el costo de la corrupción en nuestro país en un billón 529 mil 300 millones de pesos, cifra que corresponde a 10 por ciento del PIB nacional, además, el organismo comentó que en el país prevalece la impunidad en niveles cercanos a 98 por ciento.
El panorama de México que muestran los ejercicios estadísticos de organizaciones internacionales respecto de la corrupción es contundente. El Índice de Percepción de la Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en la posición 100 de 182 países, con apenas 3.0 puntos de 10 posibles. En el ejercicio estadístico destaca que durante 2010, 31 por ciento de los mexicanos reporta haber pagado algún soborno; 52 por ciento cree que los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción son inefectivos, y sólo 22 por ciento considera que sí lo son.
Sin embargo, 76 por ciento siente que entre 2007 y 2010 las acciones del gobierno en contra de la corrupción se incrementaron. En este contexto, llama la atención que las instituciones que los mexicanos percibieron como las más afectadas por la corrupción son los partidos políticos y la policía, empatados en el primer lugar con 4.4 puntos, seguidos del Poder Judicial con 4.3; el Poder Legislativo y los servidores públicos con 4.2; los empresarios del sector privado con 3.3; y los medios de comunicación con 3.2 puntos.
El pasado 24 de mayo, el Departamento de Estado estadunidense señaló en su Informe sobre Derechos Humanos en el mundo 2011, que el gobierno mexicano no ha castigado eficazmente la corrupción de funcionarios públicos, permitiendo que dichos casos queden impunes.
En los dos años recientes se han abierto seis casos en Estados Unidos por actos de corrupción, destacándose los del ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, quien recibió sobornos –un yate y un Ferrari– para otorgar contratos a una empresa estadunidense, y el del ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero, los sobornos pagados por Wal-Mart a funcionarios mexicanos para agilizar la apertura de tiendas en nuestro país, y las recientes acusaciones contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por recibir y lavar dinero del narcotráfico.
Aunado a ello es conveniente recordar otros casos, como el de Juan Camilo Mouriño y los contratos de Pemex que asignó a discreción a la empresa Ivancar, propiedad de su familia, entre 2002 y 2003; Miguel Ángel Yunes, ex director del ISSSTE, a quien se acusa de desvío de recursos durante su gestión en dicho instituto; Fernando Larrazábal, alcalde de Monterrey, quien ha sido acusado por malversación de fondos, corrupción y manejo irregular de casinos; Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, quien actuó negligentemente y evadió su responsabilidad en el caso de la guardería ABC; Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur, detenido el 24 de mayo por acusaciones de peculado; y Jorge Emilio González Martínez, quien en febrero de 2004 fue captado en un video en el que se le ofrecieron 2 millones de dólares a cambio de otorgar permisos para la compra de terrenos protegidos en Cancún.
En el contexto de las campañas electorales, los candidatos a la Presidencia deben tener en cuenta esta problemática a efecto de diseñar estrategias de combate a este flagelo.
* Analista en temas de seguridad y justicia
