a conspiración contra el presidente paraguayo, el ex obispo Fernando Lugo, comenzó el mismo día en que éste triunfó en las elecciones presidenciales, pues sólo pudo asumir su cargo gracias a la movilización popular. Sin partido propio, sin una bancada parlamentaria relativamente importante que lo respaldase, con una base de apoyo vasta en el campesinado, pero dispersa y desorganizada, obligado a enfrentar la oposición de la jerarquía de su propia Iglesia, dependió siempre de su frágil alianza con el partido del vicepresidente Federico Franco, el Liberal Radical, el cual es sumamente conservador y representa a un sector de los terratenientes.

Los partidarios de la dictadura de Stroessner, en tanto, siguieron y siguen enquistados en la administración pública, las fuerzas represivas, la llamada justicia y la Suprema Corte. Tardíamente, Lugo intentó crear un partido-frente: el Frente Guasú (grande, en guaraní), que está dando sus primeros pasos y está lejos de ser homogéneo. Pero todas las derechas paraguayas, respaldadas desde la sombra por Estados Unidos, aunque falta más de un año para el fin del mandato de Lugo y 10 meses para las elecciones en las que el presidente no podía ser relegido, no quisieron dejar ningún espacio para que el centroizquierda se organizase y tratase de mantener el gobierno.

Bajo la batuta de Horacio Cardes, terrateniente ultraconservador del Partido Colorado, ligado además al narcotráfico, organizaron la parodia de un juicio político que duró un día y que se basó en acusaciones sin pruebas de que Lugo estimulaba las ocupaciones de tierras por los campesinos o sólo combatía blandamente contra la pequeña guerrilla campesina que existe en el departamento donde estaba su diócesis. Cardes, junto con los oviedistas, el partido conservador Patria Querida y los liberales, dieron su golpe blanco parlamentario –como sus colegas hondureños–, aunque sin tener que secuestrar a mano armada al presidente y expulsarlo del país en ropa interior, pues Lugo probablemente conseguirá refugiarse en la embajada de Ecuador.

El pretexto para acelerar el golpe fue la matanza de Curuguaty, ocurrida hace una semana, donde las fuerzas armadas agredieron a campesinos, que se defendieron, con un saldo de 17 muertos entre policías y campesinos, 80 heridos y decenas de presos. La destitución parlamentaria de Lugo fue resistida por los manifestantes que se reunieron espontáneamente ante el Congreso; por los campesinos del interior, que cortaron rutas; por los emigrantes paraguayos en Argentina, que volvieron por miles a Paraguay para impedir el golpe o que realizaron una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires.

En el Senado, sólo cuatro legisladores defendieron a Lugo; pero el apoyo de éste no está en la capital, donde pesa la clase media de funcionarios y colorados, sino en las provincias campesinas del interior, donde la resistencia será larga y dura.

Fernando Lugo, además, era presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el golpe contra él es, por tanto, un nuevo golpe de la derecha paraguaya contra la integración sudamericana, después de la negativa del Congreso paraguayo de aceptar a Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la resistencia a integrar el Bancosur. Los cancilleres de la Unasur que viajaron a Asunción para tratar de disuadir a los golpistas, no pudieron impedir este golpe mal disfrazado, como la Organización de Estados Americanos no pudo impedir la dictadura de Micheletti en Honduras cuando el parlamento de ese país destituyó ilegalmente al presidente constitucional Manuel Zelaya hace tres años, también en junio.

Es que detrás de ambos golpes –como fue demostrado ampliamente y documentado en el caso hondureño– está Estados Unidos. Paraguay es clave para controlar el acuífero Guaraní, la reserva de agua más grande del mundo, que abarca su territorio y partes del brasileño, el argentino y el uruguayo. En Paraguay está también la base militar estadunidense en Estigarribia, que controla la zona de la Triple Frontera argentino-brasileña-paraguaya. En la provincia argentina del Chaco, junto a Paraguay, Estados Unidos quería instalar otra base más pequeña, con el apoyo del gobernador Jorge Capitanich –el mismo que dice que los camioneros en huelga son antipatrióticos–, pero la protesta popular impidió esa violación de la soberanía argentina en el momento en que la presidenta Cristina Fernández decía defender la soberanía en las islas Malvinas.

Un gobierno paraguayo ligado a la Unasur y en particular influenciado por el eje brasileño-argentino, es contrario a los intereses de Estados Unidos. De ahí la luz verde para un golpe que, sin duda alguna, fue discutido y pergeñado junto a los diplomáticos estadunidenses en Asunción y que repite los métodos, algo mejorados, empleados hace poco en Honduras, otro país pobre y débil con un presidente vacilante.

Los países de la Unasur podrían ahora aislar económicamente a Paraguay, que no tiene salida al mar, y quitarle el apoyo a su economía; podrían también no reconocer al gobierno fantoche de Franco, que durará apenas el tiempo necesario para adelantar las elecciones presidenciales o hacerlas en 2013, dejando su sillón a los colorados. Pero los campesinos no esperarán esas presiones diplomáticas y reaccionarán con tomas de tierras, cortes de rutas, construcción de poderes locales y, posiblemente, dadas sus tradiciones, recurriendo a las armas para hacer guerrillas, las cuales podrían contar en las fronteras con la benevolencia de los gobiernos de Bolivia, Argentina y Brasil, que no pueden aceptar esta puñalada a la Unasur.

Los golpistas echaron al débil Lugo sin disparar un tiro, pero probablemente en lo sucesivo deberán disparar, y a menudo, contra crecientes protestas sociales que serán alimentadas por la ira de todos los movimientos sociales y campesinos del continente ante esta descarada repetición de la aventura hondureña.