Siguen incompletas las bases de datos en las cuales se contaría con información del número de personas asesinadas y desaparecidas, de acuerdo con información obtenida de funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

La fuentes consultadas revelaron que al menos 12 procuradurías estatales han entregado menos de 50 por ciento de los casos registrados de septiembre de 2011 a mayo de este año, y se estima que en términos globales, las bases de datos llevan 70 por ciento de avance, relacionados con aproximadamente siete mil homicidios en ese periodo.

El pasado 15 de junio se cumplió la fecha en que las procuradurías del país harían llegar los datos de cada homicidio y/o desaparición ocurrida al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). Hasta esa fecha, las entidades que supuestamente registraban mayor avance en el flujo de información eran Chihuahua, Morelos, Coahuila, Sonora y Quintana Roo.

Según los funcionarios consultados, entre las procuradurías que menor porcentaje de información han aportado están Guerrero, Michoacán, Campeche, Oaxaca, Zacatecas, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

La creación de estas bases de datos fueron acordadas durante las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en las que participan secretarios de Estado, Gobernadores, procuradores de todo el país y secretarios de seguridad pública. Además, el pasado 25 de mayo en Monterrey, Nuevo León, se pactó la fecha de entrega de datos, pues ello serviría para actualizar la cifra de más de 47 mil homicidios en la presente administración federal y también iniciar la recolección de datos de identificación genética, la elaboración de retratos, recolección de huellas dactilares e información básica de cada averiguación previa iniciada, para determinar alguna relación del caso con el crimen organizado sin prejuzgar si la víctima tenía participación o no en actos delictivos.

Sin embargo, en ese encuentro, las procuradurías locales revelaron que las estadísticas elaboradas por el gobierno federal no eran confiables y que se manipularon las cifras, sin precisar el número exacto de decesos de personas que fueron ejecutadas.