El lunes pasado, diversas organizaciones nacionales e internacionales presentaron ante el Departamento de Estado estadunidense un memorando informativo en el cual evidencian el incumplimiento del gobierno mexicano a los requisitos en materia de respeto a los derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida, lo que provocaría la suspensión del 15 por ciento de los fondos de dicho esquema al país.

El documento, enviado por colectivos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, además del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras asociaciones mexicanas, será presentado en unos cuantos días al Congreso de Estados Unidos, entidad que deberá evaluar el financiamiento de seguridad de Washington a México.

“Desde hace algunos años, varias organizaciones hemos venido recabando información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico, y la presentamos ante el Departamento de Estado, como una prueba de que el dinero de la cooperación bilateral en materia de seguridad ha incrementado los abusos”, explicó en entrevista Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Las cuatro acciones que no ha realizado el gobierno mexicano, en el contexto de sus obligaciones por la Iniciativa Mérida, son garantizar que los policías federales y los militares que violen derechos humanos sean juzgados por las cortes civiles; erradicar la tortura para obtener declaraciones; mejorar la rendición de cuentas de los cuerpos policiacos, y consultar a las organizaciones independientes para que formulen recomendaciones.

Más allá de la cantidad de recursos económicos que se le dejen de dar al gobierno mexicano por este asunto, enfatizó Aguirre, la importancia del memorando es demostrar que la impunidad sigue siendo una constante en México.

“La merma en el presupuesto no sería tan significativa, pero destacaríamos el patrón de violaciones que generan la ‘guerra’ contra el narco. Sería una constatación de los abusos que se han cometido y desde luego robustecería la demanda de reformas al fuero militar, y un reconocimiento de la veracidad de las denuncias de las víctimas que han alzado la voz”, dijo.

Luego de recibir el informe del Departamento de Estado, el Congreso estadunidense deberá evaluar si retiene o no el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, a ejercerse en el próximo año fiscal, a partir de 2013.