Luego de dos días de trabajo en su décimoquinto encuentro, integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual acordaron promover amparos contra las disposiciones de tres artículos de la recién publicada Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por atentar contra las garantías individuales, así como impulsar varias reformas legislativas con el propósito de que ese sector deje de ser criminalizado y discriminado.

En un pronunciamiento dirigido a la clase política nacional, exigieron reconocimiento y respeto a nuestra dignidad, además de que su trabajo sea considerado como cualquier otro.

Queremos trabajar en paz, que no nos discriminen, y que hagan una diferencia entre trabajo sexual y trata de personas y prostitución infantil. Aseguraron que defenderán su fuente de trabajo pese a los abusos de autoridades en el contexto de los operativos antitrata.

Sabemos que la estrategia del gobierno es cerrar los hoteles donde laboramos, y la nuestra debe ser defender nuestras fuentes de trabajo... El trabajo sexual representa un rescate familiar, ya que somos madres de familia.

Reunidas en la ciudad de México, representantes del Distrito Federal, estado de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tlaxcala, señalaron que no respaldan a un candidato o partido en particular, pues gane quien gane, siempre terminan atacándonos y sacando provecho de nuestra labor.

Anunciaron que una vez que se sepa quiénes estarán al frente de los gobiernos nacional y locales, así como en los congresos, cada grupo entregará su pliego petitorio y hará labor de cabildeo para que los futuros gobernantes y legisladores se comprometan a dar respuesta a sus demandas antes de asumir el poder, en diciembre próximo.

Si bien la reflexión sobre la trata de personas y sus efectos en el trabajo sexual independiente fue el tema central del encuentro, las participantes en el encuentro denunciaron también los abusos de que son víctimas por parte de las autoridades locales y federales, quienes les cobran cuotas para permitirles trabajar, así como los servicios médicos y preservativos a que tienen derecho.

En materia de lucha contra el VIH-sida y la discriminación, concluyeron que actualmente se vive un retroceso de 25 años, toda vez que los condones se siguen utilizando como prueba para fincar delitos relacionados con el ejercicio del trabajo sexual.