La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) envió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cinco propuestas para iniciar procesos de sanción en contra de Teléfonos de México (Telmex), dos de ellas por no entregar al órgano regulador información sobre el servicio prestado a otro operador, y las tres restantes porque la empresa no le entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) en un plazo de 72 horas la información necesaria para rastrear e identificar el origen y destino de diversas llamadas.

Al mismo tiempo el pleno de la Cofetel acordó elaborar una propuesta que será enviada al Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y conseguir sanciones lo suficientemente severas para que las empresas prefieran cumplir con su obligación de entregar información en vez de optar por sanciones que les son irrelevantes.

En sesión de pleno los comisionados acordaron enviar a la SCT las cinco propuestas para que la SCT inicie procesos de sanción en contra de Telmex, porque en dos de esos casos ésta no entregó a los verificadores la información requerida durante visitas de inspección, relacionada a la entrega de enlaces y circuitos privados a otro prestador de servicios de telecomunicaciones, lo que contraviene sus obligaciones.

Como ya es una práctica recurrente de los concesionarios no entregar la información que les requiere la autoridad, los comisionados decidieron instruir a a la Coordinación General de Consultoría Jurídica para que elabore una propuesta que será enviada al Poder Legislativo para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de eliminar el incentivo que tiene los operadores de preferir ser sancionados que cumplir con esta obligación establecida en el artículo 68 de la Ley.

El conflicto para la Cofetel es que no existe una sanción expresa y suficientemente severa para quienes se nieguen a otorgar información a la autoridad, aunque sea una obligación. Lo único que existe es lo marcado en el artículo 71 inciso C fracción V que fija multas de 2 mil a 20 mil salarios mínimos. A este nivel de sanciones los operadores tienen el incentivo de no entregar la información y que la autoridad no pueda resolver el fondo de la conducta que, de actualizarse, provocaría una propuesta de sanción mayor.

Las otras tres propuestas de sanción del pleno se debieron a que Telmex no entregó a la PGR –en las 72 horas que marca la Ley– la información necesaria para rastrear y ubicar el origen y destino de llamadas, debido a que desde 2009 los operadores tienen la obligación de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad.